By El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) admitió a trámite y estudio la notificación de una concentración de activos que involucra a empresas relacionadas con la operación y pasivos financieros de la Red Compartida que presta servicios mayoristas de Internet a nivel nacional en México.
La Red Compartida es una red de telecomunicaciones de tecnología 4.5G que da atención a 135 operadores móviles virtuales que revenden minutos de voz y datos móviles a 15 millones de consumidores finales. La Red Compartida, que distribuye sus servicios mediante la banda radioeléctrica de los 700 MHz, es administrada por la empresa Altán Redes, a su vez financieramente aquejada por una deuda cercana a los 33,000 millones de pesos este año.
La Unidad de Competencia Económica del IFT (UCE) recibió la notificación de esta concentración y la tomó como válida el último día de septiembre, mediante el expediente UCE/CNC-006-2024.
“Se tiene por recibida la notificación de la concentración y por emitido el acuerdo de recepción a trámite el 13 de septiembre de 2024, día en que fue presentado el escrito de notificación. Túrnese a trámite y se informa a los promoventes que la clasificación de información será evaluada en acuerdo diverso”, informó la Unidad de Competencia Económica del IFT.
El acto significa, una vez que sea aprobado, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad facultada por la Constitución para revisar asuntos de competencia económica en esta industria, que el gobierno federal, a través de la CFE, crecerá su participación en el accionariado de Altán Redes, si bien el modelo de asociación público-privada (APP) por el que se administra la Red Compartida desde el año 2018 seguirá, “así sólo la iniciativa privada tenga un 1% de las acciones (..) Pues mientras haya capital privado, va a seguir el modelo de APP”, dijo una fuente con conocimiento del tema.
En agosto pasado, este medio adelantó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) negociaba comprar a un centenar de acreedores la deuda de Altán Redes, valorada en el año 2024 en alrededor de 33,000 millones de pesos; entre capital y servicio de la deuda.
La CFE —con un presupuesto de más de 493,000 millones de pesos en 2024 (26,400 millones de dólares)— contrató entonces la asesoría financiera del despacho Rothschild & Co México para presentar una propuesta de compra de deuda a los alrededor de 119 acreedores con los que Altán Redes mantiene compromisos financieros; esto, a través de un plan bautizado como “Proyecto Quetzal”.
Al mismo tiempo, la Comisión Federal de Electricidad estableció un fideicomiso con el Banco Azteca para liquidar las deudas con los 119 acreedores de Altán, mediante el Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago F/1320, del que ahora ha tomado conocimiento el IFT.
La propuesta de la CFE, que sería el primer intento de la paraestatal para comprar la deuda de Altán, propone abonar el 10%, el 33% o el 100% de la deuda a los acreedores; es decir, habría una quita hasta del 90% en contra de los intereses de algunos acreedores.
Los acreedores fueron colocados, según el Proyecto Quetzal, en tres tramos distintos, identificados como los tramos W, X y Y. En este último el proyecto colocó a 74 acreedores, a los que se propone pagar solamente el 10% del valor de su deuda; es decir, al 63% de las entidades a las que Altán les debe dinero.
La deuda concursal de Altán Redes deriva de un concurso mercantil en el que la empresa estuvo envuelta en el año 2022, debido a que cayó en la insolvencia financiera para abonar a sus acreedores, ante el hecho de que por mandato constitucional y por mandato también de la reforma sectorial de telecomunicaciones, Altán debía primero acreditar hitos de despliegue de cobertura celular de hasta el 92% de la población mexicana en un determinado tiempo, entre 2021 y 2022, pero la fecha fatal se recorrió al 2024.
Debido a la insolvencia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador salió al rescate de Altán, a través de la banca de desarrollo (Banobras, Bancomext, Nacional Financiera).
Entonces se habló de un rescate valorado en 266 millones de dólares, con lo que el gobierno mexicano se convirtió desde entonces en el mayor accionista de Altán Redes y la Red Compartida.
Con información de El Economista
