By Una de las propuestas fundamentales de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, fue la Reforma al Poder Judicial, para restaurar desde la base una justicia comprometida con la mayoría del pueblo, y para ese propósito impulsó el llamado Plan C, que se consolidaría con la mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores, requisito obligado para promover y aprobar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pese a la resistencia natural de quienes lo integran, la Reforma al Poder Judicial de México es un imperativo que demanda la mayoría de la población que por un lado, tiene muy poca confianza en los jueces y por otra vertiente considera que existe mucha corrupción entre los impartidores de justicia, según revelan estudios muy robustos realizados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Instituto Nacional Electoral y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México.
En la muy robusta “Encuesta Nacional de Cultura Cívica”, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a 25 mil 113 personas de 15 años y mayores, en vivienda, cara a cara, entre el 17 de agosto y el 18 de septiembre del 2020, en todo el país, se concluye que sólo el 6.2 por ciento de los mexicanos les tiene mucha confianza a los impartidores de justicia.
En tanto que el “Informe País 2020: el curso de la democracia en México”, realizado por el Instituto Nacional Electoral en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, concluye que el índice de personas que han entregado dádivas a jueces en el país es de los más altos.
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