By La regulación que ha retrasado la plena inclusión y transformación digital de México es la preponderancia en telecomunicaciones. No sólo ha ralentizado el crecimiento del sector y la inversión, también ha restado agilidad al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), convirtiéndolo en un ente limitado en su capacidad de universalizar la conectividad e investigar los mercados.
A once años de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y de la promulgación de la ley secundaria, ante la amenaza de extinción del IFT por la Cuarta Transformación y el arribo de un gobierno con claras intenciones de reasumir el control administrativo y regulatorio de las telecomunicaciones, las nuevas autoridades y los nuevos legisladores deben saber que la preponderancia ha sido el más grande impedimento para el efectivo derecho de acceso a las TIC, Internet y la banda ancha, la inclusión digital universal y el derecho social a la conectividad.
La preponderancia es cuando un agente económico tiene una participación nacional en los sectores de radiodifusión (Televisa) o telecomunicaciones (América Móvil) de 50%, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico o capacidad de red, aún cuando no existan prácticas anticompetitivas.
Una regulación concebida para ser implementada y vigilada por el IFT, no puede trasladarse ni permanecer intacta con un diseño institucional distinto como lo es “la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión” dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) o la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que conducirán, respectivamente, Jesús Antonio Esteva Medina y José Peña Merino en la próxima administración de Claudia Sheinbaum.
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