Se mantiene Televisa como principal proveedor de tv abierta

Aunque en 2021, cuatro concesionarios dejaron de formar parte de Grupo Televisa, determinado como Agente Económico Preponderante en Radiodifusión (AEPR) desde hace ocho años, este grupo se mantiene como el principal proveedor de televisión abierta en términos de estaciones y cobertura, de acuerdo con datos del Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT).

En marzo de 2014, el Pleno del IFT emitió la resolución mediante la cual determinó al grupo de interés económico conformado por Grupo Televisa y diversas empresas relacionadas, como AEP en el sector de radiodifusión, y le impuso una regulación asimétrica enfocada a equilibrar el mercado donde la televisora tenía más de 67 por ciento de participación sólo en televisión abierta.

Como parte de la revisión bienal de las medidas de preponderancia de 2017, el órgano regulador modificó y adicionó algunas de ellas relacionadas, entre otras, con la compartición de infraestructura; sin embargo, dos años más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió otorgar a Grupo Televisa un amparo contra esa resolución.

De acuerdo con el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2022 del IFT, hacia el primer trimestre del 2023, revisará la regulación asimétrica en el sector de radiodifusión; ello, luego de que en 2021 se realizó una consulta pública sobre la efectividad en términos de competencia de las medidas impuestas al AEPR.

Al poner a disposición del público los datos actualizados que pueden encontrarse en el Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), el órgano regulador refirió que a nivel nacional, la cobertura del servicio de tv abierta de uso comercial pasó de 90 por ciento a 92 por ciento de la población.

Por su parte, la cobertura de televisión de uso público y social se redujo en 1.8 puntos porcentuales (pp), al incrementarse de 75.4 por ciento a 73.6 por ciento de la población (considerando ambos usos).

Al cierre del 2021 se otorgaron 61 concesiones de uso público y siete concesiones de uso social, incluyendo una de uso social comunitario. Además, de las concesiones otorgadas; dos estaciones comerciales y cuatro públicas iniciaron operaciones.

“En comparación con 2020, al cierre de 2021 se identifican 20 estaciones adicionales que hacen uso de la multiprogramación. En 13 entidades federativas se incrementó el número de canales de programación del Servicio de Televisión Radiodifundida que cubren más del 50 por ciento de la población de cada entidad. Las entidades federativas con mayor incremento son Puebla y Chiapas, con cinco cada una”.

En México, uno de los medios de comunicación más importantes sigue siendo la radio pues 96 por ciento de la población vive en localidades con cobertura de Amplitud Modulada (AM), contexto en el cual, el IFT dio cuenta de las mil 945 concesiones que estaban vigentes al cierre del año 2021.

“En concesiones de uso no comercial, se otorgaron 14 de uso público, 16 de uso social, ocho comunitarias y dos indígenas, entre 2020 y 2021”, detalló el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Los datos actualizados del BIT muestran que al cierre del año pasado, la mayoría de las entidades federativas contaban con un mayor número de estaciones de radiodifusión sonora en comparación con 2020. Destacan Guanajuato, Michoacán y Veracruz, con cuatro estaciones adicionales, en cada una de estas entidades.

Asimismo, en el periodo actualizado, Radiorama, Grupo ACIR, Multimedios, Grupo Fórmula, Radio Centro y Grupo MVS se han mantenido como los principales proveedores del servicio de radiodifusión comercial a nivel nacional en términos de estaciones y cobertura.

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México | IFT, Cofece y otros autónomos, desplazados del PEF 2023 ante proyectos prioritarios

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2023 tendría como prioridad la inyección de presupuesto a proyectos como la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, por lo que los recursos para los órganos autónomos quedarían desplazados en la propuesta de gasto para el próximo año. 

Esta semana, la Secretaría de Hacienda entregará al Congreso de la Unión el Paquete Económico del quinto año de la actual administración.

Y si bien en términos macroeconómicos el objetivo del gobierno federal sería que “le cuadren las cuentas”, el desdén de López Obrador hacia organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sería más evidente que en años anteriores, opinan analistas. 

Más inversión, la prioridad

El principal interés del gobierno federal en el presupuesto de 2023 es aumentar el estímulo hacia la inversión de los proyectos prioritarios, lograr que la deuda se ubique en un nivel de 49-50% del Producto Interno Bruto (PIB) y robustecer la recaudación de impuestos para combatir la evasión fiscal, aseguró Irasema Andrés Dagnini, economista de la Universidad Autónoma de México Campus Xochimilco.

El primer reto del presupuesto va a ser que se apruebe en las Cámaras y el siguiente será la claridad del entorno macroeconómico que debe de tener en cuenta el gobierno para poder hacer una distribución correcta de los ingresos disponibles dijo Andrés Dagnini

La especialista considera que en el presupuesto se pondrá más énfasis en acelerar Dos Bocas y el Tren Maya —pues sólo restan dos años para que termine la administración de López Obrador— al tiempo que disminuye los recursos a los organismos autónomos

Para Irasema Andrés, el gobierno federal tiene que considerar que se enfrenta a un escenario complejo a nivel global, ante una inflación elevada, un riesgo de recesión en Estados Unidos –pese al descarte de Banxico–, una disminución en ingresos petroleros y un crecimiento muy bajo.

Por ello, destacó la importancia de que el gobierno mantenga una deuda controlada y genere más empleos, porque de lo contrario, la recaudación fiscal en términos generales podría disminuir, y aún más si se presenta una recesión. 

En su opinión, uno de los sectores a los que se les debe destinar más recursos es al sector salud, pues la pandemia por COVID-19, que detonó la crisis global, reveló la urgencia por fortalecerlo y contar con los recursos para anticiparse a cualquier contingencia.

Riesgos para autónomos

En lo que respecta a los autónomos hay dos factores que, en principio, afectan directamente su presupuesto.

El primero es estrictamente económico, considerando las prioridades del gobierno mientras que, el segundo, radica en la restricción hacia todos los organismos que no se encuentran entre las prioridades, lo que no se limita al IFT y Cofece, comentó Víctor Pavón Villamayor, presidente de Oxford Economics Competition.

Para la asignación de recursos es muy claro cuáles son los proyectos que representan una fuente importante de impacto social, lo que si bien es debatible, en general representa una restricción para todos esos organismos que no se encuentra dentro de esas prioridades dijo el especialista en competencia económica.

Recursos futuros, una incógnita

Si bien en 2022 el impacto sobre estos organismos no fue tan fuerte, nada garantiza que el próximo año o en 2024 no existan modificaciones importantes en los presupuestos de Cofece, IFT y otros autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el INAI. 

De lo que sí no hay duda es que la escasez de recursos puede generar ahogamientos de muchas dependencias en el sector público que no son compatibles con la concepción de desarrollo económico del Ejecutivo, por lo que entonces el riesgo es doble aseguró Pavón

En opinión del especialista, el primer desafío es enfrentarse con esa visión de política pública, a lo que se suma la clara postura del presidente López Obrador de que los trabajos que hacen la Cofece y el IFT no son compatibles con su visión de construir o de desarrollar la economía mexicana de los últimos años.

Y, como consecuencia de que el primer mandatario no vea la utilidad en las funciones que los autónomos desempeñan, “naturalmente tampoco ve sentido en asignar recursos para que sigan sustentando esas tareas”, agregó el especialista. 

Presión a IFT y Cofece, vía a la inoperancia

Además, para Pavón Villamayor hay dos formas de hacer a los organismos inoperantes: una es quitándole presupuesto, y otra es haciéndolo inoperante funcionalmente, tal como ocurre con la falta de nombramientos de comisionadas y comisionados para completar los Plenos de cada organismo, lo que impacta directamente en la toma de decisiones regulatorias y en materia de competencia económica. 

Creo que, por alguna razón han encontrado —quizá mas efectivo, y eso está mal— la forma de empezar a hacer inoperante funcionalmente a estos organismos basados en decisiones de carácter político, como lo es el hecho de no nombrar a los comisionados que faltan en los Plenos aseveró el especialista en competencia económica

Estas dos formas, dijo, parte de la misma lógica que no valora el trabajo que hacen estos organismos, le dan poco peso o poca importancia, lo que ha quedado de manifiesto y de muchas maneras refleja la opinión sobre el trabajo en regulación y competencia económica que se desarrolla en el país. 

El desconocimiento de la importancia que tiene la existencia de un régimen de competencia, un régimen regulatorio eficiente y óptimo que permita alcanzar otras metas importantes, estamos viéndolo en todos lados: en telecomunicaciones y otras divisiones, en donde se están instrumentando políticas públicas que van en contra de estos principios  consideró Pavón

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México | El IFT no será un obstáculo para los planes de CFE Telecom

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no será un obstáculo en los planes de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. El regulador de las telecomunicaciones dijo a Expansión que no requiere verificar las zonas en donde la empresa estatal ofrecerá sus servicios de telefonía e internet, pese a que la concesión otorgada en 2019 sí establece ciertas limitantes.

CFE Telecom tiene prohibido comercializar sus planes de telecomunicaciones en mercados que ya son atendidos por otros operadores, sin embargo, desde agosto la empresa subsidiaria de la CFE ya promueve sus servicios de conectividad en todo el país, incluidas entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, donde ya hay una alta concentración de operadores.

Aunque especialistas consultados advierten que esto pondría representar un riesgo a la competencia, el IFT dijo que “el cumplimiento efectivo de las condiciones establecidas en los títulos de concesión o cualquier otra normatividad aplicable es responsabilidad de los concesionarios”.

A mediados de agosto, CFE Telecom empezó a ofertar servicios de telefonía móvil en el país con tecnología 4.5G, vía planes de prepago que van desde los 30 pesos, por 4 GB de internet y 250 minutos de llamadas; hasta los 300 pesos, por 40 GB de internet y 1500 minutos. También cuenta con paquetes de pospago que van de los 400 a los 2,100 pesos.

El IFT le autorizó a la empresa estatal la apertura de 47 sucursales para comercializar sus chips o tarjetas SIM, de las cuales la mayoría se localizan en Oaxaca. Si bien la Ciudad de México y el Estado de México no cuentan con puntos de ventas, empleados de la empresa confirmaron vía telefónica a Expansión que los usuarios de dichas localidades sí podrían acceder a los servicios de telecomunicaciones de CFE Telecom.

“Claro, esto se puede hacer, alguien te puede comprar el chip y sin problema te podemos ayudar por acá a activar el servicio de CFE Telecom. O también lo puedes hacer a través de la página oficial”, aseguró el operador.

Al cuestionar al Instituto sobre cómo garantizará que el Operador Móvil Virtual (OMV) estatal no violará su concesión, el regulador respondió que CFE Telecomunicaciones será el único responsable de no transgredir su título.

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, es el responsable de no vulnerar las condiciones de su concesión, como lo es el prestar servicios en poblaciones donde no existan otros proveedores, sin perjuicio de las atribuciones de supervisión y verificación que puede ejercer en cualquier momento el Instituto, a fin de vigilar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el título de concesión en comento”, dijo el IFT vía transparencia.

Abogados expertos en telecomunicaciones apuntan que “es preocupante” que el Instituto no tome una actitud activa para comprobar que no haya otro jugador en las zonas en donde la empresa estatal llevará sus serviciosya que con esto incumple con una de las áreas principales que es la de supervisión y vigilancia. Además, aseguran que es obligación del órgano regulador de las telecomunicaciones vigilar que los operadores y en este caso CFE cumpla con todas las condiciones estipuladas en su concesión para evitar distorsiones en la competencia.

“Claramente el IFT es quien debe supervisar el cumplimiento de la concesión de CFE Telecom, incluyendo estas prohibiciones de proveer servicios en donde ya hay un proveedor, porque es evidente que CFE no se va a autoevaluar. (Vigilar) es la razón de ser del Instituto” señala Michel Hernández Tafoya, director de Observatel y abogado.

Para los expertos, ahora que el OMV estatal ya empezó a promover sus servicios de conectividad en zonas en donde claramente tiene prohibido hacerlo, es necesario que el área de verificación y suspensión del IFT inicie una acción para determine si la empresa estatal está violando su título de concesión.

“Muchas veces el propio Instituto ha iniciado procedimientos en contra de otros concesionarios solo con la sospecha de que hay violación, la pregunta es: por qué no lo haría con CFE Telecom”, cuestiona Jorge Moreno Loza, abogado de telecomunicaciones y titular del despacho de Expanzione. “¿Qué está haciendo entonces el área de competencia del IFT? ¿Por qué no ha iniciado ningún procedimiento? Porque (el que el OMV estatal ofrezca servicios en lugares en ya hay una oferta) claramente sí podría distorsionar la competencia”, sentencia el especialista.

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TENDENCIAS_ Desigualdad, estereotipos e indiferencia alimentan violencia digital

La violencia observada en contra de las mujeres es resultado de la desigualdad, de los procesos de socialización donde se designan estereotipos para el género femenino, distintos de los que funcionan para el género masculino, y de un entorno digital cada vez más violento y permisivo con prácticas que al realizarse de forma virtual se perciben como «inofensivas».

“En los procesos de socialización se fijan para las mujeres generalmente roles de subordinación y los hombres en su mayoría se les enseña una posición de poder, por ello la violencia en contra de las mujeres es resultado de esta forma en que se ha construido la relación entre el hombre y la mujer, donde el primero ejerce un posición de poder sobre la otra persona”, explicó Anabel López Sánchez, directora General para la Promoción de una Vida Libre de Violencia.

Por ello, dijo, fue necesario crear en México leyes que definen y detallan las distintas formas de violencia, lo que parece sorprendente cómo esta clasificación aumenta en el tiempo, lo que supone que este delito tiene una dinámica creciente.

En su exposición resaltó la importancia de reconocer que no sólo las personas físicas ejercen violencia en contra de las mujeres, sino también la que generan las personas morales, que lo hacen de forma mediática y con el uso de las tecnologías.

“Las empresas televisivas que producen una gran cantidad de contenidos que vistas a la luz de las definiciones que se tienen, incurren en algunas de las formas de violencia en contra de las mujeres, por lo que es importante reconocer la responsabilidad que tienen según lo establece la legislación vigente”.

En el país hay un marco normativo que sanciona la violencia digital y mediática, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, que en su capítulo cuarto establece los casos en los cuales se incurre en este tipo de delitos; en el Código Penal Federal, en su artículo 2, denominado violación a la intimidad sexual, artículo 199, con penas de tres a seis años de prisión y una multa de mil Unidades de Salario Mínimo.

“No basta legislar ni tener un marco normativo robusto para atender esta realidad de violencia que afecta a las mujeres, sino también es importantísimo prevenir y regular el uso de los medios digitales y de comunicación para que no incurran en esta modalidad de ilícitos” concluyó.

Por su parte María José Morales García, Directora de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), detalló que una de cada cinco personas ha sufrido alguna acción de ciberacoso en México, es decir, 20 por ciento, de las personas mayores de 12 años y más, de acuerdo con los datos más recientes recogidos por la ENDUTIH, elaborada por el IFT y el INEGI.

En el panel “Panorama de la Violencia Digital” en México, la directiva detalló que 20 por ciento de las mujeres y el 22 por ciento de los hombres que utilizan internet han sufrido ciberacoso, siendo Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, CDMX y Quinta Roo las cinco entidades del país donde más se registran este tipo de delitos.

En tanto que las plataformas digitales a través de las cuales se realizan el mayor número de estos delitos son Facebook, WhatsApp y Twitter sitios vinculados a una smartphone, los vehículos más utilizados por los delincuentes.

Otro dato relevante es que en el caso de las víctimas que pudieron identificar a su agresor, 53 por ciento de las mujeres señalaron a un hombre y 62.1 por ciento de los hombres también apuntaron hacia una persona del sexo masculino, en contraste esto sólo sucedió 18 por ciento de ellas y 15 por ciento de ellos, dijo que fue una mujer la agresora.

En el ciclo de #ConferenciasCiber, organizado por el IFT y la Guardia Nacional, detalló que las mujeres entre 12 y 29 años de edad son las que más sufren ataques de ciberacoso, aunque las mujeres adultas mayores, también suelen ser víctimas de este tipo de violencia con la intención de ser manipuladas o de ser extorsionadas.

Enumeró las distintas formas de ciberacoso: se trata de cuando una persona se expone de manera repetida y prolongada, por parte de una o varias personas, que buscan causarle daño o molestia, a través de llamadas ofensivas, críticas por apariencia, burlas, falsear la identidad para agredir, ser vigilada en sitios o cuentas de internet, publicación de imágenes sexuales sin consentimiento, publicación de información personal, o amenazas o incluso extorsión.

Este tipo de violencia tiene un sesgo de género importante, pues mientras el 30 por ciento de niñas y jóvenes de 12 a 29 años de edad, usuarias de internet y celular fueron víctimas del ciberacoso, en el caso del género masculino, la incidencia sólo afectó al 24 por ciento.

Casos específicos de acoso sexual se registró entre el 33 por ciento de las niñas y jóvenes de 12 a 19 años de edad, y 42 por ciento de las mujeres con edad de entre 20 a 29 años, que recibieron insinuaciones o propuestas sexuales, mientras que el 35 y el 38 por ciento de ellas recibieron contenidos sexuales no deseados.

Una tercera parte de las niñas y jóvenes de 12 a 19 años recibieron críticas por su apariencia física o clase social contra sólo una quinta parte de los casos registrados entre el género masculino.

Talina González Candiani, directora de Educación, A Favor de la Mejor, destacó que retuitear o dar un like a un posteo relacionado con la violencia contra la mujer o de violencia digital en cualquiera de sus modalidades, es contribuir a seguir contaminando el ecosistema digital donde las personas sostienen una convivencia.

La falta de empatía y de inteligencia emocional ya sea de niños, niñas, jóvenes o adultos al ejecutar o simplemente al permitir un ilícito de este tipo, aunque crean que son simples espectadores, en realidad se vuelven cómplices de estos actos.

“Al mantenerse indiferentes y actuando con falta de solidaridad, se permite que la violencia digital continúe y vaya en aumento con varias consecuencias graves… lo fundamental es saber que en esos espacios hay una derecho a manifestarse con plena libertad, qué hay derecho a la privacidad y a la seguridad, dentro como fuera del mundo digital”, precisó.

Una de las consecuencias de este tipo de ilícitos, explicó, es generar autocensura en las personas, es decir, privarlas de usar el acceso a la información, de beneficiarse de su uso para su desarrollo personal y profesional, por ello, A Favor de lo Mejor, busca construir desde la parte de la prevención, un uso seguro, libre, responsable y ético del ecosistema digital.

«Se busca generar una formación de ciudadanía digital integral, no limitarse al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para reducir los números de casos de violencia digital que ya son alarmantes”.

Por su parte Nazli Borrero Vázquez, ingeniera en informática, aseguró que es urgente generar campañas que combatan la creciente violencia digital contra grupos vulnerables

Es “urgente” que la población usuaria de internet, tenga claridad de los riesgos que implica realizar algunas prácticas consideradas “inofensivas” por realizarse en forma virtual, pero que conllevan una fuerte carga de agresión psicológica, lo cual debe combatirse desde los hogares, las escuelas e incluso desde el sector salud.

Importante considerar que ya representa un delito toda agresión psicológica que realiza una persona a través de las nuevas tecnologías como correo electrónico, sistemas de mensajería, humillando, maltratando psicológicamente, bajando la autoestima, dañando el buen nombre de una persona, o crear un conflicto en el ámbito laboral, familiar o personal.

Para la especialista en protección de datos personales y ciberdelitos, es relevante diferenciar lo que es una red social, donde se puede obtener el perfil de un usuario y lo que son las plataformas de mensajería instantánea, lo que es importante a la hora de presentar una denuncia o se está recepcionando.

Aunque el ciberbulling, grooming, la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), la difusión de ,Material de Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sexting o Sextorsión, están entre los delitos más conocidos, existen otras prácticas que son sumamente nocivas y contrarias a las buenas prácticas de convivencia entre las personas, como el Happy Slaping, Griefing, Sharenting, y los Juegos de reto.

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México | Todos también en la agenda digital

El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que, en los últimos dos años, los precios del internet fijo han bajado entre 13 y 58% y ello muestra el éxito del avance tecnológico que ha hecho cada vez más baratas las telecomunicaciones en conjunción con la competencia.

El dato es motivo de optimismo para el país, dado que el acceso a internet está correlacionado positivamente con un mayor desarrollo económico, no obstante, hay un enorme pendiente: la inclusión de personas con alguna discapacidad a los beneficios de las tecnologías de la información.

Los datos son abrumadores, únicamente el 1% de las páginas de internet están diseñadas para ser accesibles para personas con discapacidad, lo cual deja fuera a la gran mayoría y les impide tener acceso a una plataforma que les permitiría desarrollarse, lo cual, además de ser una injusticia social, es un gran desperdicio de potencial. Imaginemos qué hubiera pasado si el gran físico Stephen Hawkings no hubiese tenido acceso a la tecnología que le desarrolló Intel y que le permitió comunicarse a través de un sistema que, en un inicio, utilizaba moviendo su muñeca y que después pudo utilizar a través de su mejilla.

Hay que imaginar lo que se hubiera perdido la humanidad en conocimiento, y no hay que imaginar tanto para dimensionar lo que nos estamos perdiendo como sociedad y como país al no hacer un esfuerzo para dotar de herramientas a los 2 millones 691 mil personas que el Inegi tiene identificadas con problemas de visión aun utilizando lentes o el millón 350 mil que no pueden escuchar aun utilizando algún aparato o los 945 mil que no pueden comunicarse, ello por mencionar algunas cifras del universo de 7 millones 168 mil que tienen alguna limitante física o condición mental.

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Da IFT luz verde a adquisición de Warner Media México

La adquisición de las subsidiarias mexicanas de Warner Media y la distribución directa al consumidor de HBO Max en México, por parte de Warner Bros. Discovery (WBD), fue autorizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En un comunicado, el órgano regulador y autoridad en materia de competencia económica, detalló que Warner Bros. Discovery ofreció condiciones para mitigar los posibles riesgos en el mercado de provisión y licenciamiento de canales restringidos para la televisión de paga en la categoría de contenido “infantil”.

Refirió que la concentración, inicialmente presentada el 24 de septiembre de 2021, consistía en la adquisición por parte de Discovery, Inc. (Discovery) del Negocio Warner Media propiedad de AT&T, Inc. (AT&T), incluyendo subsidiarias extranjeras y subsidiarias mexicanas, así como la adquisición diluida, por parte de los accionistas de AT&T, de acciones representativas del capital social de Discovery, y el cambio de denominación de Discovery por la de WBD.

El IFT y la Comisión Federal de Competencia (COFECE) se consideraban competentes en diversos mercados digitales involucrados, por lo que el 18 de noviembre de 2021 se inició un conflicto competencial, lo que suspendió el proceso de notificación de concentración.

En abril de 2022 el Segundo Tribunal Colegiado Especializado notificó al IFT la resolución mediante la cual determinó que el IFT es la autoridad en materia de competencia económica para resolver sobre los servicios de producción, adquisición, provisión, licenciamiento y distribución de contenidos audiovisuales que se distribuyen a través de plataformas de internet (OTT, por sus siglas en inglés), así como la venta de tiempos y espacios de publicidad en dichas plataformas.

Ese mismo mes, Discovery y AT&T informaron al IFT sobre el cierre de la adquisición de Warner Media a nivel internacional (Operación Internacional), excluyendo la adquisición de las Subsidiarias Mexicanas de Warner Media y HBO Max DTC (Negocio Mexicano).

Las empresas aclararon que para efectos de la notificación hecha ante el IFT y considerando que la Operación Internacional ya se había cerrado, la operación notificada a este Instituto debía ser considerada como la Operación Mexicana.

“El Pleno del IFT consideró procedente analizar y emitir resolución sobre la Operación Mexicana toda vez que se trata de una operación notificada que no se ha realizado y sobre la que es posible identificar sus efectos de manera separada respecto a los de la Operación Internacional”.

De acuerdo con el análisis realizado por el IFT, en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México, WBD y el Negocio Mexicano coinciden en 4 mercados:

1) provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales a proveedores del servicio de distribución OTT de contenidos audiovisuales;
2) provisión del servicio de distribución OTT de contenidos audiovisuales, por suscripción;
3) provisión y venta de tiempos o espacios para mensajes comerciales o publicidad en Canales Restringidos, y 4) provisión y venta de tiempos o espacios para mensajes comerciales o publicidad en el servicio de distribución OTT de contenidos audiovisuales.

“En estos mercados, los agentes involucrados no tienen participaciones de mercado elevadas, por lo que no se prevé que la operación genere riesgos a la libre concurrencia y competencia económica”.

No obstante, se identificó que WBD participa en el mercado relacionado de provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales a proveedores del servicio de televisión de paga en la categoría programática infantil, a través de los canales de Cartoon Network y Cartoonito (antes propiedad de Warner Media), así como de Discovery Kids (antes propiedad de Discovery), en el cual tiene una participación sustancial medida en términos de audiencia.

Al respecto, las partes, de manera voluntaria, presentaron una propuesta de condiciones enfocada a remediar cualquier riesgo a la competencia en ese mercado relacionado, incluyendo las siguientes:

*El compromiso de atender y negociar todas las solicitudes de acceso a los canales restringidos de WBD que realice cualquier operador del servicio de TV de Paga.
*No atar o empaquetar los Canales Restringidos infantiles que eran propiedad de Warner Media, con el Canal Restringido de Discovery Kids.
*No transferir contenido audiovisual de los Canales Restringidos infantiles que eran propiedad de Warner Media al canal Discovery Kids ni viceversa.

“En este contexto, con el objeto de prevenir cualquier riesgo en materia de competencia en ese mercado relacionado, el Pleno del IFT autorizó llevar a cabo la Operación Mexicana sujeto al cumplimiento de las condiciones presentadas por las Partes”.

El IFT subrayó que considerando que WBD realizó la Operación Internacional, ordenó dar vista a la Autoridad Investigadora sobre esa operación, para los efectos legales conducentes.

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México | Altán puede rentar espectro a Telcel y AT&T, si AMLO e IFT modifican el contrato APP: Fernando Borjón

Altán Redes, concesionario de la Red Compartida de servicios mayoristas, se encuentra en concurso mercantil por impagos a proveedores e ingresos bajos. Una posibilidad para atraer recursos es fraccionar en bloques nacionales la banda de los 700 MHz que explota y rentarlos a compañías celulares como AT&T o Telcel, necesitadas de ese espectro por su poder de cobertura y capacidad, y porque Altán ya tiene montadas antenas con tecnología 5G en dicha banda radioeléctrica.

Fernando Borjón Figueroa, ingeniero con especialidad en temas de espectro radioeléctrico, fue durante dos años comisionado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en la primera generación de esa autoridad reguladora. En ese periodo, Borjón participó en las regulación de complicados asuntos como la portabilidad numérica, la transición de la televisión analógica a la digital; la construcción de la primera licitación de cadenas de televisión que se dio en el país y la denominación a Televisa como agente con poder sustancial.

Su conocimiento fue aprovechado después por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), allí como director general de esa entidad a la que se le entregó la concesión de los 90 Megahertz de frecuencias que componen la banda de los 700 MHz y que hoy utiliza Altán Redes para comercializar sus servicios mayoristas de telefonía e Internet en la llamada Red Compartida; por ello es que Fernando Borjón conoce, como muy pocos exfuncionarios en México, a la Red Compartida desde que se pensó como posibilidad un día del año 2007 y cómo es que ahora dicho proyecto no halla la viabilidad financiera.

Borjón Figueroa, adusto de rostro, pero animado en sus respuestas —su cuenta de Twitter lo desvela—, es recordado en el IFT y Promtel por ser un personaje dispuesto siempre a la conciliación y al convencimiento con argumentos; y lo habrán visto varias veces con papel y lapicero en mano para escribir ideas; estudiarlas y para proponer después. Por eso este ingeniero que estudió en la Universidad de Brunel del Reino Unido y Universidad Iberoamericana propone en esta entrevista una alternativa para que Altán Redes y la Red Compartida generen ingresos sin faltar a los preceptos de la Constitución y la reforma sectorial de telecomunicaciones del año 2013-2014.

El ingreso del Estado como accionista en Altán Redes es visto como una vulneración de la neutralidad competitiva, pero también como certidumbre y menor riesgo para los acreedores… ¿Hay un punto medio para usted?

—La entrada del Estado en Altán es muy lógica. No es que ahorita el gobierno quiera estar. La banca de desarrollo financiaba aproximadamente una tercera parte del proyecto desde su inicio, pero entraba en términos de capital puro. Es decir, con un financiamiento sin injerencia ni control de la empresa. Desde ese punto de vista, Altán era absolutamente una empresa privada.

La banca de desarrollo no dio dinero a fondo perdido. No es un proyecto en que la Secretaría de Hacienda llegó y dio dinero a fondo perdido. La banca de desarrollo tiene la misión de recuperar esos préstamos.

La Red Compartida nunca estuvo bajo el control del Estado, más que lo que tocaba a la banca de desarrollo con lo prestado. El que la banca de desarrollo haya entrado ahora con una medida de inyección de capital, es también para intentar recuperar en el tiempo una inversión que fue del Estado y que me parece una acción lógica en cuanto la parte financiera.

La Red Compartida siempre se calificó como un proyecto riesgoso y hubo, incluso, quien lo calificó como el “Fobaproa de las telecomunicaciones”… ¿Cree que se pueda hacer algo todavía?

Cuando en 2019 se hicieron algunas nuevas proyecciones, éstas eran muy bajas. Eso nos estaba hablando ya desde entonces que la Red Compartida no estaba teniendo el impacto financiero, ni consiguiendo el beneficio para encontrar su punto de equilibrio. Este siempre fue un proyecto de riesgo como otros que pudieran tener su propia novedad, donde además lo que se esperaba era que el mercado fuera resolviendo las cosas y pues como vemos, no fue así. El mercado mismo habló: los dos mayores operadores, Telcel y AT&T, tampoco entraron a comprar capacidad a la Red Compartida de Altán.

Ante ese escenario y ante la falta de financiamiento de los propios inversionistas y la falta de financiamiento recurrente por los ingresos que no se estaban teniendo, se estaba buscando una nueva manera de poder sacar adelante el proyecto, hasta que los alcanzó el concurso mercantil. Pero todo ello no quiere decir que la Red Compartida no puede tener una segunda oportunidad, aunque signifique también cambios o impactos a la operación.

Como otra oportunidad, el nuevo director general de Altán Redes ha advertido que es posible el ingreso de ese operador mayorista al mercado minorista celular, al menos allí donde ningún operador ha llegado con cobertura…


—El servicio concesionado que tiene autorizado Altán Redes es claramente mayorista, entonces no hay mucha discusión. Si no lo permite la ley y no lo permite la Constitución, no puede. Si el Estado quiere ir a más zonas rurales, tiene otras posiciones con otras empresas.

Tras fracasar con su iniciativa de reforma al sector eléctrico, difícilmente el Ejecutivo federal irá otra vez al Congreso para buscar una mini-reforma para la Red Compartida de Altán, ¿no lo cree?

—Si Altán quiere dar el servicio al usuario final, sí necesita pasar por una reforma constitucional. Pero, ¿el Estado buscaría una reforma para eso? Entendemos que el nuevo director quiera encontrar la manera de generar los ingresos a la mayor velocidad para la Red Compartida y varios lo acompañamos en eso.

La pregunta es si el Estado se lanzaría al intento de una reforma constitucional en esta materia y para esto. A como está conformado el Congreso y para quitar o cambiar exclusivamente eso, ¿cuánto capital político está dispuesto a invertir el Estado? El Estado perdió en el Congreso con la reforma eléctrica; seria mucho desgaste hacer ahora eso. El Estado ya tiene otras formas de poder dar el servicio al menudeo… CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos… Telecomunicaciones de México… Y hasta un WISP podría comprar capacidad a Altán y ofrecer el servicio en las zonas rurales.

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PERSPECTIVAS_ AMLO telecom: precisiones a imprecisiones

En la conferencia del 5 de agosto el presidente López Obrador habló de Internet, del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de los aspirantes a comisionados y de los preponderantes.

Dijo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regulaba y entregaba las concesiones a las empresas de comunicación, pero le quitaron esas facultades y se creó el IFT. Correcto. Así ocurrió con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013. Ahora el IFT otorga, revoca y refrenda concesiones. Se transitó de un modelo político y clientelar a otro técnico y especializado para reducir la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones. Ese cambio fue positivo aunque al Presidente le gustaría volver a otorgar concesiones de radio, televisión y telecom.

AMLO dijo que con la creación del IFT ya no iba a haber monopolios y se empezó a utilizar un eufemismo para nombrarlos: preponderantes. Acá tiene razón el Ejecutivo.

En 2013 se inventó la figura de “preponderantes” para castigar el tamaño de una empresa en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, en particular a América Móvil y Televisa. Hasta la OCDE ha dicho que la preponderancia debería equipararse con la definición correcta de “poder sustancial de mercado”. Este cuestionamiento a la preponderancia es un buen punto del Presidente.

Sobre el procedimiento para nombrar a los candidatos(as) a comisionados(as) del IFT, AMLO aseguró que las propuestas del Comité de Evaluación (integrado por titulares del Banco de México y el Inegi) “ya vienen sesgadas, porque son puros tecnócratas”. Tiene razón.

Tanto en la convocatoria como en el examen general de conocimientos, las y los aspirantes al Pleno del IFT deben realizar por ley un examen de conocimientos generales cuyo contenido sólo contempla temas de derecho, economía e ingeniería, como si la radiodifusión, las telecom y todo el universo digital de Internet no tuvieran relación con aspectos sociales, de comunicación, cultura e incluso psicológicos, como lo hemos constatado durante la pandemia.

Dijo que “debe de haber excepciones”. AMLO lo piensa política e ideológicamente, pero la convocatoria debería ser más incluyente y que los integrantes del Pleno del IFT poseyeran una perspectiva multidimensional, diálogo social y cultural más amplios y enriquecedores en los sectores de radiodifusión, telecomunicaciones e Internet.

El Presidente aseguró que “los preponderantes dominan ese organismo supuestamente autónomo” que es el IFT. Acá nuevamente despotrica del regulador autónomo, porque no le gusta ese diseño institucional. Porque añora regular y entregar concesiones de manera discrecional, política y clientelar. Él piensa que los entes autónomos “son otro gobierno”, “un Estado dentro del Estado con el propósito de proteger los intereses de las grandes corporaciones privadas”. Se equivoca, es preferible ese diseño institucional y que el IFT sea autónomo.

¿Los preponderantes dominan al IFT? No es fácil asegurarlo, pero al Presidente le gusta provocar desde la conferencia de prensa. Al preponderante Telmex no se le permite ofrecer TV de paga a sus clientes y se le obligó a la separación funcional de sus servicios mayoristas, pero se permitió la libertad tarifaria en 63 municipios o mercados competitivos donde ya no tiene una participación superior a 50%.

Al preponderante Televisa se le abrió la competencia en TV abierta con la licitación y creación de una tercera cadena de TV y se han otorgado otras concesiones a televisoras locales, pero el IFT ha realizado investigaciones inconsistentes en el mercado de TV de paga que Grupo Televisa domina con 64%. Hay pocas evidencias de que los preponderantes dominen al IFT.

AMLO dijo que el IFT tiene más fuerza que el Presidente. Falso. El Ejecutivo ha ejercido posiciones de fuerza al no nombrar a tres comisionados vacantes y logró que vía el Congreso se le recortara en 500 millones el presupuesto desde 2020. El IFT no es más poderoso que el Presidente, pero sí es vulnerable en su autonomía y representa un equilibrio de poder en el modelo de Estado regulador.

AMLO contó que para conseguir una concesión para la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para todos y poder llevar conectividad a los pueblos, “tuvimos que batallar”. No es así. El IFT ha sido diligente en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones a los proyectos de conectividad del gobierno federal, incluida la autorización de la reestructura financiera de Altán Redes. El IFT no es enemigo de los proyectos digitales del gobierno ni responsable de la mala planeación de los mismos.

AMLO dijo que se necesitan 2,500 antenas para tener Internet en todos los pueblos. Que iba a hablar con los electricistas (porque la empresa Internet para Todos es una subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad) “para que en una jornada juntemos las 2,500 antenas” y “a más tardar a mediados de 2023 ya tengamos resuelto el problema”. Recalcó: “vamos a usar fibra óptica, satélite, pero sobre todo antenas”.

Este entusiasmo está muy bien, pero no es sencillo y quizá tampoco realista. Para dimensionar, las 2,500 antenas que quiere instalar AMLO en un año representan 13.65% de los 18,307 sitios que tiene América Móvil en México. En los últimos 12 meses hasta junio de 2021, este operador habilitó 743 sitios con antenas. La meta de AMLO es casi 300% más ambiciosa. Se vislumbra complejo, pero sería positivo que lo lograra.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

Campeche y Querétaro, estados con menos teléfonos públicos por habitantes

A pesar de que en Ciudad de México hay un menor uso de los teléfonos públicos ante el mayor uso de celulares inteligentes, es donde más disponibilidad hay de este servicio, pues por cada 88 habitantes hay una línea de este tipo, según una revisión de MILENIO con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y Statista.

Caso contrario viven Campeche, Querétaro y Chiapas, donde hay un teléfono público por cada 362, 321 y 295 habitantes, respectivamente, siendo los estados donde menos disponibilidad tienen de este servicio.

Desde la tecnología 3G comenzaron a perder su importancia y relevancia. Todavía con el 3G tenías un mercado con donde incluso había empresas intermediarias que tenían un carácter internacional para generar llamadas públicas desde cabinas públicas en toda América Latina”, comentó en entrevista Jorge Fernando Negrete, socio presidente y fundador de Digital Policy & Law Group.

Al cierre del primer semestre de 2021 había registrados ante el IFT 633 mil 124 líneas de servicio de telefonía pública, 38.1 por ciento debajo de lo registrado en 2015, cuando había un millón 22 mil 971.

De esta cantidad, 86.9 por ciento son operados por Telmex, mientras que BBG Comunicacion posee 5.4 por ciento, siendo las dos empresas con mayor participación; Telnor, Logitel, Telefónica Peninsular y Supercom representan el resto del mercado con 7.7 por ciento.

Es importante señalar que Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Puebla y Nuevo León concentran 52.7 por ciento de los teléfonos públicos del país, pero en muchos de ellos hay una línea por más de 200 habitantes.

“La masificación del dispositivo móvil fue matando estos servicios públicos en la calle”, resaltó Negrete tras sostener que en su tiempo, la telefonía fija contaba con sus principales actores del mercado y que incluso la propia infraestructura era utilizada por terceras compañías.

“Estas empresas buscaban la interconexión con los principales operadores; generaban redes de telefonía pública de voz en la calle e incluso había un mercado de voz fija pirata, quienes no le pagaban a Telmex ni a las otras empresas por usar sus títulos de concesión”, explicó.

Agregó que la evolución de la tecnología nos está llevando a generar otro tipo de soluciones. En Ciudad de México se tomó la solución de generar puntos de acceso WiFi casi en cada esquina. “Hay una clara tendencia de transformación de la telefonía fija pública, que tenía sistemas más complejos y ahora vemos una comunicación más enriquecida”, añadió.

CON INFORMACIÓN VÍA MILENIO

México | Exige IFT a AMLO sus candidatos para comisionados

Javier Juárez Mojica, presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que envíe al Senado de la República el listado de candidatos para ocupar tres de los siete asientos que conforman su pleno y que se encuentran vacantes desde febrero pasado.

En su discurso en la entrega del título de concesión al Congreso de la Unión de la señal XHHCU-TDT Canal 45 e inauguración de Radio Congreso, evento que organizó el Senado de la República, el comisionado presidente del IFT advirtió que sólo así la institución funcionará conforme al diseño constitucional que aprobó el Poder Legislativo.

“Hoy desafortunadamente el instituto no está funcionando conforme al diseño constitucional que le dio el Legislativo. De siete comisionados que deberían conformar el pleno sólo somos cuatro. No es un tema del Legis-lativo, hay que reconocerlo, pero hay listas integradas que siguieron el proceso ante el Comité de Evaluación, depende del Ejecutivo que las mande”, puntualizó.

En este sentido, destacó la relevancia de cumplir con la Constitución y con las leyes, porque “cuando vinimos a rendir protesta al Senado a eso nos comprometimos y a eso nos debemos de comprometer todos los funcionarios y todas las instituciones”, aseveró.

Insistió en que todos “debemos hacer un compromiso por cumplir con esa institucionalidad, con lo que ordena la Constitución, con lo que ordenan las leyes, de esa manera vamos a mandar ese mensaje de certeza jurídica que permite fluir las inversiones”.

Juárez Mojica recordó a los senadores que el IFT “lo diseñaron ustedes, constituyentes, como un órgano constitucionalmente autónomo para resolver conforme al deber ser, para cumplir, insisto mucho en esto, con la Constitución y las leyes”.

Desde febrero de 2019, cuando Gabriel Contreras concluyó su gestión como comisionado presidente, el pleno del IFT se encuentra incompleto, y desde el pasado 28 de febrero cuenta con sólo cuatro de sus siete integrantes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una terna de candidatos que fue rechazada en febrero pasado y no ha vuelto a enviar nuevas propuestas de comisionados del IFT, al desconocer la lista de candidatos que elaboró el comité evaluador con el argumento de que dicho comité, integrado por el Banco de México y el Inegi, está incompleto, pues falta la representación del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), órgano que desapareció al inicio de este sexenio.

La falta de nombramientos en el IFT se da en un contexto en el que el Ejecutivo y/o el Legislativo han sido omisos en su responsabilidad de concretar el reemplazo de aquellos integrantes de los órganos autónomos que han concluido su encargo.

De acuerdo con la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República, están pendientes los nombramientos de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), tres comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tres de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y uno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El presidente de la comisión legislativa, Juan Zepeda Hernández, ha señalado que “al presidente López Obrador no le gustan los contrapesos, no le gusta ningún órgano regulador o que genere control contra él o su gobierno, y hemos observado cómo de manera paulatina si no se apropian de las decisiones mayoritarias en los plenos o en la composición final de estos diversos órganos autónomos prefieren no nombrar para que paulatinamente los vayan debilitando y mueran de inanición”.
 

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS