México | Telcel, Telmex, Izzi, Movistar y demás compañías de internet y telefonía bajaron sus precios; esto cuestan

Telmex, Telcel, Izzi, Totalplay, AT&T, Telefónica Movistar y demás compañías de internet, telefonía y televisión de paga que operan en México bajaron los precios de sus servicios móviles y fijos en el último año.

A diciembre de 2022, los precios de los servicios móviles y fijos tuvieron una baja anual de 7.82 y 8.34 por ciento, respectivamente, contribuyendo a evitar que la inflación fuera mayor a la observada a nivel nacional, destacó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en un comunicado.

Comparado con la inflación general, los precios de los servicios de telefonía e internet fijos y móviles, así como de televisión de paga, han disminuido drásticamente, una tendencia que para la primera quincena de enero de 2023 se mantiene.

Esta disminución se tradujo en ahorros para las familias mexicanas, los cuales destinaron al consumo de otros bienes o servicios esenciales, subrayó el órgano regulador del sector de las telecomunicaciones en el país.

Esto, teniendo en cuenta que hasta hace dos años los hogares en en el país gastaban mensualmente en promedio 347 pesos en servicios móviles y 465 pesos en fijos, 1.9 y 2.23 por ciento de sus ingresos, respectivamente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2020 del Inegi.

Costos de internet y telefonía fijos

Los costos de los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, en sus diferentes combinaciones, dependiendo la compañía, van desde los 509 pesos hasta los mil 530 pesos. 

Telmex: desde 509 pesos hasta mil 499 pesos al mes, dependiendo los megas, precios que se mantuvieron en 2022.

Izzi: desde 660 pesos hasta mil 530 pesos al mes, dependiendo los megas; la compañía redujo hasta 80 pesos los precios de sus paquetes.

Totalplay: desde 700 pesos hasta mil pesos al mes, dependiendo los megas del paquete; ofrece descuentos de por vida de hasta 80 pesos a partir del sexto mes de contratación.

Costos de internet y telefonía móviles

Los planes pospago de los tres principales operadores móviles del país van desde los pesos hasta los pesos, 

Telcel: desde 263 pesos hasta 499 pesos al mes, 499 pesos al mes, dependiendo los gigabytes; el año pasado la compañía se comprometió a no aumentar sus precios.

AT&T: desde 260 pesos hasta mil 299 pesos al mes, dependiendo los gigabytes; aunque en abril del año pasado anunció la actualización de sus costos. 

Telefónica Movistar: de 235 pesos hasta 579 pesos al mes, dependiendo los gigabytes; el operador móvil redujo hasta 20 pesos los precios de sus planes.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

México | Iniciativa ayudará a empresas de radio y tv con esquema de pago de concesiones

Una iniciativa impulsada por la bancada de Morena busca que las empresas de radio y televisión también puedan pagar los derechos por el otorgamiento y prórrogas de concesiones no de forma inmediata, sino hasta un año después de solicitar la concesión, para aligerar la carga fiscal para las empresas.

Para ello, la propuesta -aprobada el pasado 8 de diciembre por la Cámara de Diputados ahora será revisada en próximos días por el Senado- plantea modificar el artículo 102 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para añadir al texto la posibilidad de saldar en anualidades la vigencia de la concesión, cuyos importes se actualizarán y calcularán conforme a las disposiciones fiscales aplicables, para que no exista perjuicio alguno al erario público.

Además, de aprobarse sin cambios, permitirá a las empresas recuperar las concesiones de radiodifusión, que incluye señales de radio y televisión, que les fueron revocadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por no solicitar una prórroga de pago en tiempo y forma, o por falta de dinero.

La iniciativa también plantea que el IFT fije y aplique nuevas tarifas de contraprestaciones de concesiones para radio y televisión, cuyos criterios de pagos estarán basados en la población o el área de cobertura donde las compañías den sus servicios, con la finalidad de que sea viable económicamente para los operadores.

Los concesionarios que pagaron la contraprestación de su concesión por prórrogas, entre el 31 diciembre de 2018 en adelante, podrán recuperar el saldo a favor que resulte de los nuevos precios y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de validar la compensación.

Proyecto deja fuera a empresas de telefonía y expertos advierten “tientes políticos”

El documento de la iniciativa detalla que los cambios de pago de concesiones serán únicamente para televisión y radio, al considerar que “la radiodifusión es un servicio gratuito, contrario a las telecomunicaciones, que cuentan como fuente de ingresos el precio de los servicios que cobra a sus suscriptores”. Aunado a que esta industria, la de radio y televisión, ha visto mermados sus ingresos por publicidad, ante la llegada de nuevos jugadores digitales como las plataformas de streaming.

Según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Difusión (CIRT) de 2021, la entrada del streaming de audio ha provocado la caída de un 60% de los ingresos de la radio, mientras que sus gastos han aumentado un 80%, lo cual no permite balancear su operación.

La industria de la radio y la televisión en diversas ocasiones ha manifestado la necesidad de contar con un “piso parejo” con las plataformas digitales, pues actualmente las streaming operan sin ser reguladas y sin pagar por bandas de frecuencia, lo que genera un ambiente de negocios inequitativo.

Sin embargo, expertos en telecomunicaciones dicen que los operadores de telecomunicaciónes también enfrentan retos financieros para hacer frente al pago de las concesiones del espectro. En diciembre AT&T devolvió por segunda ocasión espectro radioeléctrico al Estado, argumentando los altos costos de este insumo. Telefónica fue otra empresa que desde 2019 decidió renunciar por completo al espectro, con la finalidad de retomar la viabilidad de su operación en el país, y mejor operar como un Operador Móvil Virtual.

Para Jorge Moreno Loza, abogado de telecomunicaciones y titular del despacho de Expanzione, por un lado la iniciativa resulta inequitativa porque solo ayudará a empresas de radiodifusión de uso comercial mientras los operadores de telecomunicaciones no encuentran opciones, más allá de regresarlo, para aligerar la carga financiera que representa el pago de espectro.

“El proyecto es más político porque busca volver el sistema más laxo para los radiodifusores comerciales, cuyas sistemas son más usados en tiempos de elecciones y el próximo año se viene la época electoral”, advierte.

Alejandro Navarrete, titular de la unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, asegura que la iniciativa buscar responder a las nueva condiciones a las que se enfrenta la radiodifusión. “No es una industria boyante como hace 30 años y esta iniciativa busca resolver la problemática que tiene”.

Sin embargo, varios puntos propuestos, como implementar nuevas tarifas o retomar concesiones que ya fueron revocadas, invaden facultades que son exclusivas del IFT. A este respecto, el funcionario del órgano regulador dijo que el Instituto estará atento a lo términos con los que se busca implementar la propuesta.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

El IFT informa sobre la resolución de un procedimiento administrativo en contra de Teléfonos de México (Comunicado 5/2023) 12 de enero

“El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió, en su décima sesión extraordinaria celebrada el 9 de diciembre de 2022, el procedimiento administrativo instaurado en contra de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. bajo el número de expediente E-IFT.UC.DG-SAN.I.0041/2018 y su acumulado E-IFT.UC.DG-SAN.I.0075/2019, del cual la empresa ha sido debidamente notificada.

Sobre este caso, tras un exhaustivo estudio del expediente, el Pleno determinó que, con base en las pruebas y defensas aportadas en el expediente, no es posible entrar al análisis del fondo de la conducta finalmente imputada, ni concluir sobre el incumplimiento y, en consecuencia, la imposición de una sanción.

Es oportuno señalar que cada asunto debe ser analizado en sus méritos a partir de la evidencia, imputaciones, pruebas y defensas que se aportan en el procedimiento y que forman parte del expediente respectivo. En este sentido, el expediente resuelto en este procedimiento es significativamente diferente del analizado y votado en enero de 2020 en el que se le impuso una multa a Telnor, filial de Telmex.

La resolución del Pleno está técnica y jurídicamente fundamentada, en cumplimiento al marco legal y conforme a las facultades conferidas a este órgano regulador, respetando las garantías de cualquier ente regulado. Al igual que todos los casos que corresponde resolver al máximo órgano de gobierno del Instituto, éste se condujo en estricto apego al estado de Derecho.

La transparencia en sus actos y resoluciones ha caracterizado la labor de este órgano autónomo, los cuales están a disposición de cualquier interesado para su consulta en el portal de internet del Instituto, una vez que se cuenta con las versiones públicas, conforme a la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.”

Información vía IFT (COMUNICADO DE PRENSA)

TENDENCIAS_ Conectividad ayuda a zonas agrícolas en México

En México, en los 32 estados, 100 por ciento de las unidades de producción en agricultura protegida cuenta con cobertura del servicio móvil 3G ó 4G, reveló el tercer Reporte de Cobertura del Servicio Móvil en las Zonas Agrícolas de México para el año 2021, del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El órgano regulador mexicano dijo que es importante destacar que la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), así como del Internet en el sector agrícola, ha demostrado grandes oportunidades de crecimiento en la productividad en esta industria.

Asimismo, señaló que en 18 de los 32 estados, más del 90 por ciento de las unidades de producción, campos o plantíos de temporal cuentan con cobertura del servicio móvil en al menos una tecnología.

En promedio, 94 por ciento de las unidades de producción en agricultura temporal cuenta con cobertura en al menos una tecnología. Además, dentro de los estados con mayor porcentaje de cobertura en agricultura de temporal se encuentran el Estado de México, con 497 mil 095 unidades de producción, campos o plantíos de agricultura temporal, y es considerado el estado con mayor número de campos o plantíos.

Incluso en Oaxaca, uno de los estados con menor índice de conectividad, tiene 419 mil 068 unidades de producción, campos o plantíos de agricultura temporal, de los cuales el 100 por ciento cuenta con cobertura móvil en al menos una tecnología.

En el reporte se incluyó información recabada de la aplicación móvil AgroOferta, un servicio que cuenta con mil 835 usuarios registrados, de los cuales la mayor parte se encuentran concentrados en el Estado de México, Michoacán y Quintana Roo.

Asimismo, revelaron que en dos de los 32 estados, más del 90 por ciento de usuarios en cada entidad ha demandado un producto agrícola dentro de dicha aplicación.

“En el sector agrícola (la conectividad) ha demostrado grandes oportunidades de crecimiento en la productividad en esta industria, dando como resultado beneficios en calidad y costos para los productores y consumidores, así como también ha generado alternativas de crecimiento para las comunidades rurales donde se incorporan herramientas tecnológicas“, señaló el IFT.

“Por lo anterior, el IFT considera relevante continuar con la generación de información que permitan conocer el panorama nacional del acceso a las telecomunicaciones en las diferentes zonas agrícolas, con la finalidad de que sirva como insumo para el diseño de políticas públicas orientadas a impulsar el acceso y la adopción de las TIC”.

CON INFORMACIÓN VÍA DPL NEWS

REGULACIÓN_ En enero, consulta sobre revisión bienal de preponderancia: IFT

De cara a la tercer revisión bienal del impacto de las medidas asimétricas impuestas al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), el próximo 4 de enero iniciará la consulta pública sobre la efectividad en términos de competencia de la regulación que desde el año 2014 se aplica a América Móvil, Telmex y Telcel.

De acuerdo con el calendario de Consultas Públicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el proceso estará abierto hasta el 15 de febrero de 2023 con la finalidad de recabar información, comentarios, opiniones, aportaciones u otros elementos de análisis que puedan ser útiles al regulador para, en su caso, evaluar propuestas justificadas de supresión, modificación o adición de medidas.

“Si bien la regulación asimétrica impuesta al AEPT consiste tanto en las propias medidas como en instrumentos regulatorios asociados (ejem., ofertas de referencia, metodologías de replicabilidad económica, indicadores clave de desempeño, modelos de costos, entre otros), la presente Consulta Pública de Integración servirá como insumo para el análisis del impacto de las medidas, en consistencia con el objetivo del procedimiento de la evaluación bienal”.

En la publicación relacionada con la consulta, el órgano regulador refiere que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones le estableció la obligación de determinar agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y de imponer medidas para evitar que se afecten la competencia y libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.

Por lo anterior, el 6 de marzo de 2014, el Pleno del Instituto determinó al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT), aplicarle una regulación asimétrica, y como parte de la resolución se autoimpuso realizar una evaluación del impacto de las medidas, en términos de competencia, cada dos años a efecto de suprimir, modificar o, en su caso, establecer nuevas medidas.

En consecuencia, el Instituto ha emitido dos resoluciones como parte de los ejercicios de evaluación bienal: Primera Resolución Bienal de Telecomunicaciones y Segunda Resolución Bienal de Telecomunicaciones.

“Como parte del ejercicio de la evaluación bienal el Instituto realiza un análisis exhaustivo e integral que, al menos, considera el impacto en la competencia de las medidas, los resultados de su implementación, las mejores prácticas internacionales, el aprendizaje adquirido desde la imposición de las medidas como parte de su implementación y las manifestaciones de la industria, académicos, sociedad civil y demás personas interesadas en el tema”.

En la Consulta Pública, el Instituto solicita a las personas participantes que ofrezcan respuestas a las preguntas planteadas en cada grupo de medidas, en función de los efectos que se han observado de las medidas (en lo individual o en su conjunto).

“Lo anterior, sin perder de vista que las medidas impuestas al AEPT tienen la finalidad de evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales”.

En este sentido, precisa que se evaluará el impacto de las medidas en el sector de telecomunicaciones en función del efecto que ha tenido la regulación asimétrica del AEPT por grupo de medidas, el diseño e idoneidad de las medidas para alcanzar los objetivos por los que se plantearon y las propuestas específicas para la supresión, modificación o adición de las medidas relacionadas con los distintos servicios.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC

IFT impugnará la sentencia que tira su análisis de poder sustancial en TV de paga contra Televisa

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) combatirá una sentencia del Poder Judicial que desechó la resolución con la que declaró a Grupo Televisa como un agente económico con poder sustancial de mercado en la prestación del servicio de audio y video restringidos en 35 localidades de siete estados de la República Mexicana.

El IFT exteriorizó este lunes 5 de diciembre que Televisa sí tiene la capacidad de fijar precios o de establecer otras tácticas comerciales a su favor en el negocio de la televisión de paga de todos esos 35 mercados relevantes, sin que el resto de los competidores de allí tenga la capacidad de frenar sus acciones.

En octubre pasado, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, concedió el juicio de amparo indirecto con expediente 6/2021 a Grupo Televisa, desde el que se ordenó al IFT realizar un nuevo análisis en el que considere ahora un contexto con tendencias de mercado y otros patrones de consumo de los servicios de audio y video restringido, y los efectos también de la existencia de las plataformas proveedoras de contenidos bajo demanda u OTT.

Esta fue la primera instancia del Poder Judicial que desechó la resolución P/IFT/181120/436 del IFT, aprobada el 18 de noviembre de 2020 y a través de la que se declaró a Televisa como agente con poder sustancial de mercado en televisión de paga tras la adquisición de activos de infraestructura y usuarios anteriormente atendidos por Axtel.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones indicó que presentará un recurso de reclamación ante el Poder Judicial, confirmando así que, por ahora, no hará un nuevo análisis para determinar si Televisa es o no un agente con poder sustancial en ese segmento de negocio. https://dc35e578b3bc9f95a27d1bb7a67bb4cb.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html?n=0

Esto se ha resuelto en una primera instancia… Lo que sí todavía queda es acudir a la segunda instancia y nosotros estaremos atentos y respetuosos a lo que en esa instancia se determine (…) Si la determinación es que se tiene que repetir la investigación, tomar nuevas consideraciones como dice esta sentencia, es lo que tenemos que hacer para poder cumplir con una sentencia del Poder Judicial”, dijo Javier Juárez, comisionado presidente del IFT.

Grupo Televisa ganaba así al IFT un primer episodio de esta batalla legal y alejaba, por ahora, una serie de obligaciones regulatorias especificas en criterios como la vigilancia constante de su calidad de servicio, la revisión de ofertas comerciales, de tarifas de precios y de facturación, y la presentación constante de información que demostrara al IFT que Televisa no entorpece la competencia en esos 35 mercados relevantes.

En octubre, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones validó dos argumentos de un total de 14 que Televisa presentó para atajar la declaratoria de resolución de poder sustancial del IFT. La compañía argumentó y demostró entonces vicios y violaciones en cuanto la realización de la investigación y los tiempos de notificación de la resolución del IFT, entre otros hechos.

Televisa presentó una demanda de amparo el 18 de diciembre de 2020 contra la resolución del IFT emitida en noviembre de ese mismo año, pero la solicitud de la compañía se admitió a trámite hasta el 19 de febrero de 2021 por las repercusiones que la emergencia sanitaria tuvo en los trabajos del Poder Judicial.

Entre sus argumentos, la quejosa indicó que el órgano regulador declaró como agente con poder sustancial de mercado a una de las empresas del grupo que no cuenta con una concesión para ofrecer servicios de telecomunicaciones en el mercado masivo. Televisa también indicó que el IFT excedió los plazos legales en sus investigaciones para resolver si la empresa era o no un agente con poder sustancial, en tanto que, según Televisa, la notificación de la resolución también ocurrió fuera de los plazos legales.

Además, añadió Televisa, la resolución del IFT era muy generalista sobre los 35 mercados estudiados y no contemplaba criterios como patrones de comportamiento de los usuarios, características demográficas, socioeconómicas y de competencia, pues éstas varían en cada uno de los 35 municipios determinados como los mercado relevantes. Todos esos argumentos y otros más fueron derribados por el juzgador especializado.

Pero el juez Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, sí aceptó dos argumentos de Televisa contra la resolución de poder sustancial, fueron respecto a que en su investigación el IFT no consideró información más reciente sobre el estado de los mercados analizados y tampoco puso atención a elementos de análisis prospectivo sobre la evolución y el dinamismo futuro del mercado en los 35 mercados relevantes objeto de esta historia.

El IFT, durante la conformación de su resolución, desaprovechó además el valor probatorio al documento “Pronósticos de los servicios de telecomunicaciones”, con fecha del 30 de septiembre de 2019 y elaborado por la Coordinación General de Planeación Estratégica del mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el que la autoridad hubiese sustentado con mayor fortaleza su declaratoria de poder sustancial contra Televisa.

El juzgador resolvió que el regulador, en sus trabajos para analizar la sustituibilidad de los servicios OTT y STAR, se basó en criterios que de antemano advertían que ambos servicios no son sustitutos y omitió comprobar si los OTT son también una alternativa de servicio a los paquetes de oferta de los STAR, como para ejercer presión competitiva en el mercado y con lo que su resolución final sobre poder sustancial hubiese tenido otro resultado.

Por todo ello, el juzgador concedió el amparo a Grupo Televisa.

La resolución del juzgado ocurrió el 13 de octubre pasado y ahora el IFT afirma que combatirá su sentencia y continuará así un litigio en el Poder Judicial, hasta que en última instancia el caso llame la atención de la Suprema Corte de Justicia de la Unión (SCJN) y sea esa autoridad la que resuelva en definitiva si Televisa es o no un agente con poder sustancial de mercado en la televisión de paga de esos 35 municipios.

En noviembre del 2020, el IFT resolvió el expediente AI/DC-002-2019 de la Autoridad Investigadora del mismo instituto.

La investigación era resultado de las sospechas de la Autoridad Investigadora respecto la posibilidad de que Televisa se hubiese convertido entonces en un agente con poder sustancial tras adquirir una serie de activos a Axtel.

Antes, el 17 de diciembre de 2018, las empresas Axtel y Televisa anunciaron al IFT un acuerdo de compraventa de activos de Axtel a favor de Televisa por un valor entonces de 240 millones de dólares, que incluyó el traspaso de 227,802 clientes residenciales y 4,432 kilómetros de redes de fibra óptica a Televisa. Esta concentración se radicó desde esa ocasión en el expediente AVC-002-2018.

Desde entonces, la Autoridad Investigadora sospechó de un posible poder sustancial de Televisa, luego de que esa empresa llegaría a tener el 76.7% del negocio de la televisión restringida en Aguascalientes; el 64.2% en Ciudad Juárez; el 66.2% en Zapopan; el 68.4% en San Luis Potosí capital; el 73.9% en Monterrey y el 75.0% en la Ciudad de México, todo tras la compraventa de los activos de Axtel y por ello inició la investigación que ahora vive este nuevo capítulo.

Con información de El Economista

PERSPECTIVAS_ Visión digital de largo plazo, el gran pendiente de México

La ausencia de una hoja de ruta definida para seguir impulsando las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el país, representa un freno para una industria que ha mostrado tener capacidad para realizar grandes aportaciones, no sólo al ámbito productivo y social, sino también en materia económica, pues por cada 1.0 por ciento que avanza la penetración de Banda Ancha Fija (BAF), el PIB podría crecer 0.8 por ciento.

En Banda Ancha Móvil (BAM) el impacto también es relevante, pues la experiencia en algunas economías con menor desarrollo que en México, se ha visto que por cada 1.0 por ciento que se aumenta la penetración en este tipo de conectividad, se genera un aumento del PIB de 0.25 por ciento, de ahí la importancia que tiene el sector en el desarrollo económico de México.

“Nos está faltando como país, fijar una línea, una hoja de ruta clara de dónde quiere estar México de aquí a 6, 12, 18, o 24 años en materia de conectividad, pero la conectividad por sí misma no implica que la población saque el máximo provecho de la tecnología, de ahí la importancia de marcar un rumbo más definido”, destacó Michel Hernández Tafoya, director General de Observatel.

México necesita contar con una agenda digital en la que se detalle cómo se alcanzará la conectividad universal, pero además cómo se integrarán todos los sectores productivos a esta dinámica, es decir, una línea estratégica que refleje la coherencia que hay entre los esfuerzos realizados para digitalizar al país y el impacto que tendrá este proceso en las personas.

La necesidad de una agenda también es relevante para destacar cuáles son los riesgos inherentes en la evolución tecnológica. El proceso de digitalización, debe estar orientado a que la población alcance el máximo beneficio con el uso de las telecom y las TIC, detalló el experto al presentar su conferencia magistral “Telecomunicaciones: Sector estratégico para el Desarrollo de México”.

No obstante los avances logrados a partir de la reforma del sector en 2013, destacó que los retos por superar son diversos, pues aún 28 por ciento de la población permanece desconectada, y en materia de Competencia, persisten algunos segmentos de esta industria (como comunicación móvil) sumamente concentrados.

“La desconexión hoy representa un signo más de desigualdad e inequidad pues alrededor de 30 millones de personas no usan internet en su vida diaria, brecha que también se refleja entre lo urbano y lo rural, pues mientras 78.3 por ciento de la población que vive en las ciudades tienen acceso a internet, sólo 50.4 por ciento goza de este privilegio en lo rural, lo que muestra que todavía hay mucho por hacer”.

En materia regulatoria también se presentan desafíos importantes, pues es imprescindible que las autoridades y reguladores tengan claro cuáles son las herramientas apropiadas para alcanzar objetivos y obligaciones vigentes. Cobertura universal, fondos de cobertura universal, obligaciones de cobertura universal, compromisos en materia de tratados comerciales; así como esquemas de inversión Asociación Público Privada (APP).

Se requiere también tener claridad de cómo entidades paraestatales como CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos o empresas como Altán Redes abonarán a los objetivos de conectividad y de digitalización en el país, “aunque se esperaría un rol residual de la intervención del Estado”.

A pesar de estar fijado a nivel constitucional, falta también la creación de una Política Pública de inclusión digital universal, por lo cual “en Observatel se interpuso un juicio de amparo” para que el Jefe del Ejecutivo genere un Plan de Banda Ancha, Programas de Habilidades Digitales (en zonas rurales y adultos mayores), acceso a equipos terminales y muy importante los recursos orientados a detonar los servicios de conectividad.

Importantísimo en esta hoja de ruta está el fijar reglas, normas y condiciones que den “certidumbre” a las empresas del sector altamente intensivas en materia de inversiones, sobre todo en proyectos de largo plazo, así como garantizar la compartición de infraestructura para evitar duplicar esfuerzos que pueden resultar sumamente onerosos.

Establecer un rumbo definido en materia digital es una estrategia que ya han adoptado al menos 73 países, además que en 118 ya se cuenta con plnaes relacionados con estímulos económicos que consideran el despliegue y disponibilidad de servicios de banda ancha. Sin objetivos y metas claras, el problema es que las acciones que se emprendan pueden representar esfuerzos, débiles y aislados, así como regulaciones contrarias al proceso de digitalización que requiere el país.

“La participación de la industria de las telecomunicaciones y radiodifusión en el Producto Interno Bruto (PIB) de México es importante, pues de 2014 a la fecha representó el 3.3 por ciento. Durante la pandemia, bajo escenarios de contracción y desaceleración económica esta industria fue una de las que lejos de caer siguió creciendo, aunque a tasas menores, de alrededor de 5.0 por ciento anual, precisó.

Tanto autoridades como reguladores deben tener presente que al fijarse la conectividad como un derecho humano fundamental en la reforma de 2013, en la constitución quedó establecida para el Estado Mexicano la obligación de generar condiciones “para superar la exclusión digital en todo el país”, y abstenerse de desiciones contrarias a la digitalización.

En lo social, el sector ha mostrado su relevancia, pues bajo condiciones de confinamiento la operación de las telecomunicaciones y las TIC representó garantizar el acceso a la educación, al trabajo remoto, servicios de salud, a la posibilidad de que la población tuviera acceso a comercio electrónico, sin olvidar la parte importante que representó tener como única opción el acceso al entretenimiento, se trata de “un gran habilitador de otros derechos fundamentales”.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC

México | OMVS, unos fracasan donde otros triunfan

El sector de los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) es el más activo de la telefonía móvil. Al cierre de 2020, los OMVs atendían 2.55 millones de líneas en México. Para el cierre de 2022 se estima que serán 4.92 millones, de acuerdo con el Análisis sobre el Mercado de OMVs 2021 elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Dados estos pronósticos, la participación de Mercado de estos operadores al cierre de diciembre de 2021 sería de 2.85 por ciento del total de líneas móviles en México y para el cierre de 2022 ese porcentaje aumentará un punto porcentual para ubicarse en 3.85 por ciento.

Sin embargo, al analizar este crecimiento del sector se dan 3 fenómenos interesantes:

1.- Extensión: El crecimiento está empujado por pocos jugadores: Bait (Walmart), FreedomPop (alianza con Dish y Oxxo), Oui (Elektra), Megacable e Izzi.

Este primer grupo podríamos llamarlo de extensión vertical u horizontal de la oferta: son jugadores que antes comercializaban sims de otras compañías o brindaban otros servicios de telecomunicaciones, por tanto, un OMV les permite brindar más valor a clientes existentes con un costo de adquisición menor a los OMVs que tienen que montar un canal de distribución.

En este caso, su principal ventaja competitiva es la marca / canal de distribución, que les sirve de paraguas, ya que rompe una de las primeras barreras de entrada al sector: validación de la oferta.

Por otro lado, hay una alta concentración de estos OMVs en dos sectores principalmente: telecomunicaciones y retail por razones obvias, para los primeros es una expansión natural de la oferta y para los segundos es una manera de volverse más relevantes y tener una mayor rentabilidad en un sector en el que jugaban un papel primordial.

2.- Atomización: Hay más OMVs muy pequeños que en la mayor parte no alcanzan los 10.000 usuarios. Este segundo grupo está conformado por los “pequeñitos” que en un 99% están conectados a través de Altán Redes.

Esta es la empresa encargada del proyecto de la Red Compartida del sexenio anterior, y que ahora será rescatada con una nueva inyección de capital de 100 millones de dólares. El Estado ayudará a la compañía debido a que su infraestructura es fundamental para el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar internet a zonas remotas del país.

Altán, en su necesidad imperante de generar volumen generó muchos OMVs de micro-nicho pero que no alcanzan ni de manera consolidada ni de manera individual la masa crítica mínima que debe tener un OMV para ser rentable (unos 250.000 usuarios aproximadamente según fuentes del sector).

Si bien estos OMVs no tienen un peso relevante en el mercado, su eventual desaparición genera dos efectos: los inversionistas ven su inversión perdida, y los usuarios quedan en un limbo, que muchas veces no saben qué hacer en estos casos. El más reciente es el de YonderMedia, que luego de anunciar a los 4 vientos que alcanzaría millones de usuarios en un año, tuvo que cerrar operaciones sin haber logrado ser rentable ni superar los 100.000 usuarios a menos de 12 meses de su lanzamiento.

3.- Los fracasados: Existen casos de inversiones desmedidas en OMVs que fracasaron estrepitosamente en su estrategia; en este grupo encontramos a jugadores como Virgin y Oxio.

Virgin, que entró al mercado con una campaña enorme de medios masivos prometiendo “comerse” el mercado, 6 años después lo único que se ha comido es el dinero de sus inversionistas. Las razones de este fracaso son varias: management inadecuado y desconectado de la realidad del mercado, fraudes internos, posicionamiento inadecuado y decisiones operativas equivocadas. Estos factores lo hicieron pasar de pionero y líder a luchar por subsistir (ya cerraron operaciones en Chile y Perú por razones similares). Fuentes del sector aseguran que el costo para los inversionistas de esta aventura fue de más de 100 millones de dólares.

El otro jugador de este grupo es Oxio, que va en la misma dirección de Virgin, pero a paso más acelerado.

A diferencia de Virgin, cuya estrategia se centró en el usuario final (ya que sus necesidades de fondeo estaban cubiertas), Oxio se ha focalizado en intentar convencer a las empresas que es el mejor socio para crear un OMV con su marca y en inversionistas en financiar un sueño guajiro de OMV multi red + blockchain + lo que esté de moda en el momento para levantamiento de capital, aunque en realidad es inservible desde un punto de vista utilitario para los usuarios.

En su primer objetivo de sumar empresas al mirar las cifras de IFT de usuarios activos y su rol en el mercado, claramente no le ha ido bien, y fuentes del sector comentan que los 3 acuerdos que anunciaron con bombo y platillo terminaron mal (a saber Coppel, Rappi y Bimbo) por deficiencias operativas, promesas incumplidas y violaciones contractuales entre otras.

Teniendo en cuenta la capitalización de la empresa (más de 65 millones en 3 rondas), la poca cantidad de usuarios y los problemas de toda índole que se conocen en el sector, lo que se comenta es que Oxio está utilizando el dinero de los accionistas para subsidiar una operación que a toda vista no tiene buen futuro para los usuarios, sus inversionistas ni el sector de telecomunicaciones.

En mercados como el de México, donde el 84.7 por ciento de las suscripciones son de tipo de modalidad prepago, la estrategia de los OMVs debe centrarse en nichos de mercado, con una apuesta por lo tecnológico y lo convergente, permitiendo una cierta transversalidad, flexibilidad y dinamismo en su modelo de negocio para adaptarse a la cambiante demanda de servicios.

Si bien el sector representa una oportunidad muy grande para las empresas y organizaciones de tener una oferta de valor diferenciada, requiere jugadores con experiencia probada en el mercado y responsabilidad en el buen manejo del dinero de los inversionistas.

Adicionalmente, al observar los indicadores del portal Soy Usuario del IFT se puede constatar que el fracaso de Altan (Bait, Oxio, Megacable y “los pequeñitos” por ejemplo) no es sólo financiero, sino que todos los OMVs que operan sobre dicha red tienen una cantidad de quejas y tiempos de resolución mucho mayores que los que operan sobre Telcel o Movistar / AT&T.

Entre abril y junio de este año, por ejemplo, Megacable registró 954 inconformidades, Bait 86 y Oxio 3.

Desde la llegada de Virgin Mobile al mercado móvil en 2013, empezaron a proliferar los OMV, los cuales no cuentan con infraestructura propia pero pueden arrendarla para dar servicios de conectividad. Estas compañías son en su conjunto uno de los grandes clientes de Altán.

La crisis provocada por la pandemia de Covid 19 provocó que en 2020 Altán entrara en un déficit de ingresos de 58,000 millones de pesos debido a que algunas de las compañías que querían utilizar su red demoraron la suscripción de contratos, así como el lanzamiento de ofertas de mercado, “lo cual generó que, a pesar de tener una tendencia al alza, no se alcanzaran las proyecciones del número de clientes esperados”, según explicó la empresa en el documento de solicitud a concurso mercantil del cual dio cuenta la revista Expansión en junio de este año.

La conversión de Telefónica Movistar en un pseudo OMV, el fracaso estrepitoso de Altan, y los millones hundidos y por hundir de Virgin y Oxio seguramente harán que cada vez más (y principalmente en estos tiempos de incertidumbre global) los inversionistas y las empresas tengan cada vez más cuidado dónde colocar sus inversiones y sus marcas para no convertirse en un “We Work” de las telecomunicaciones, donde anuncios de prensa confundieron a muchos de los fondos más reconocidos y terminaron comprando humo de un management que no tenía las credenciales para manejar el negocio y un proyecto “tecnológico” sin pies ni cabeza.

A lo mejor, en unos años veremos alguna serie de TV sobre alguna de estas estafas tipo Ponzi en el sector de los OMVs al igual que WeCrashed con respecto al caso de “We Work”.

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Ordenamiento y limpieza de cableado telecom en la Álvaro Obregón

El despliegue y ordenamiento de la infraestructura de telecomunicaciones es un tema de competencia federal, sin embargo, las autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón, representantes de la industria y el IFT, acordaron colaborar en acciones de ordenamiento del sistema de cableado estructurado, a fin de garantizar condiciones de seguridad, eficiencia y evitar niveles de saturación de esta infraestructura.

“Si bien se trata de un tema de competencia federal, en el que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales pueden participar con fines de coordinación y colaboración en el despliegue, instalación, construcción, mantenimiento y modificación de infraestructura de telecomunicaciones, el instrumento que hoy se firma, es una buena práctica que puede ser replicada”, explicó la Canieti.

La prioridad de este tipo de acuerdos Público-Privados es garantizar hogares, negocios, escuelas, hospitales, seguridad y demás servicios en la alcaldía debidamente conectados, algo fundamental en el proceso de inclusión digital que se vive en el entorno global.

Con este tipo de acciones también se busca ampliar oportunidades de inversión en nuevas tecnologías como el despliegue de redes de quinta generación (5G), así como de fibra óptica, se destacó durante la firma del convenio.

En representación de la industria, participó Enrique Yamuni, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información (CANIETI), así como la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), que encabeza Enrique Leiva Amour.

La parte pública estuvo representada por la alcaldesa de la demarcación Álvaro Obregón, Lía Limón García, y en la parte reguladora el Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier Juárez Mojica.

“Se trata de un esfuerzo conjunto y unido de la industria de telecomunicaciones –coordinada desde sus organismos empresariales-, con las autoridades en la Alcaldía Álvaro Obregón, con el interés de dar prioridad al ordenamiento y limpieza del espacio público, favoreciendo el entorno urbano sin generar barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y a la conectividad”, destacó la Canieti a través de un comunicado.

Estas acciones de mantenimiento y limpieza son cruciales si se considera que a nivel nacional, la actual infraestructura aérea de telecomunicaciones es responsable de abastecer al 70 por ciento de las viviendas con telefonía fija, y que más de 84 millones de mexicanos cuenten con acceso a internet, así como que poco más del 96 por ciento de los hogares en el país tengan acceso a servicios de televisión.

En el caso de la demarcación Álvaro Obregón, el reordenamiento y limpieza del cableado aéreo, beneficiará en el corto plazo a los ciudadanos permitiendo el mejoramiento del entorno urbano y garantizando el acceso a los servicios de telecomunicaciones, lo que fortalece la inclusión digital.

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Exhortan a AMLO a enviar nombramientos en órganos autónomos

Ante la negativa del gobierno federal de nombrar a las personas que deben ocupar las vacantes existentes en el IFT, la COFECE, CNH y la CRE, integrantes del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, presentaron un punto de acuerdo para exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador a enviar en un plazo no mayor a 30 días naturales, los respectivos nombramientos individuales o en ternas.

El documento fechado el pasado 7 de noviembre, también establece que el Senado de la República citará a comparecer a los Secretarios de Comunicaciones y Transportes, Energía y Economía, a fin de que informen de las razones del titular del Poder Ejecutivo Federal para negarse a cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales a este respecto.

Y es que, a la fecha, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) operan con sólo cuatro de siete comisionados que debería tener cada una de estas entidades, mientras que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) trabaja con seis de siete integrantes.

Las y los legisladores panistas puntualizan que los órganos autónomos desempeñan una función central al “emparejar el piso” a los intereses económicos, priorizar la dimensión técnica en las decisiones regulatorias y la colegiación de esas decisiones para garantizar que no haya capturas de estos órganos por parte de intereses particulares.

“La administración actual, sin embargo, se ha empeñado en atacar a estos órganos reguladores, desacreditando el prestigio de sus integrantes, desautorizando el perfil eminentemente técnico de sus decisiones y buscando reemplazar a algunos de ellos por otros que no necesariamente cuentan con los conocimientos, la experiencia y sobretodo la imparcialidad institucional y política que se exige para incorporarse a estos órganos como Comisionados”.

El artículo 28 constitucional dispone que para designar a las personas integrantes del Pleno, tanto en el IFT como en COFECE, el presidente de la República deberá escoger de entre los aspirantes seleccionados por el Comité de Evaluación a la candidata o candidato que propondrá para su ratificación al Senado; y aunque estas listas se han entregado al Ejecutivo, éste no ha remitido al Senado su selección.

El IFT, que actualmente opera con solo cuatro de siete integrantes, está facultado para fungir como autoridad en materia de competencia económica en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

De hecho, el pasado 22 de agosto, el instituto dio a conocer que interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que el presidente López Obrador ha omitido proponer al Senado a las candidatas a comisionadas de este órgano regulador.

Lo anterior, a pesar de que dicho Comité realizó, durante los años 2020 y 2021, tres procesos dirigidos exclusivamente a mujeres para ocupar las tres vacantes actuales en el Pleno de este órgano regulador.

“De acuerdo con la COFECE y el IFT, esto afecta no solo la autonomía de ambos órganos sino también ejercer a través de su máximo órgano de gobierno todas y cada una de las atribuciones que le son encomendadas por la Constitución”.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC