Derecho constitucional a la conectividad, ¿letra olvidada?

Aunque desde hace nueve años, el acceso al servicio de banda ancha e internet es un derecho constitucional, la distribución en el acceso, uso e impacto de las TIC sigue siendo desigual; un fenómeno que se ha agudizado por la ausencia de políticas públicas destinadas a reducir la brecha digital y al “círculo vicioso” que involucra altos precios del espectro radioeléctrico que fomentan el fortalecimiento de una especie de “monopolio disfrazado”.

En este escenario, legisladores como Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados, están poniendo manos a la obra, pues desde abril pasado se presentó una iniciativa que propone reformar el artículo 6 constitucional; además, la próxima semana colocará el tema en la palestra nacional con la realización de un foro enfocado a analizar el cómo sí de la conectividad.

Y es que el texto vigente del artículo 6 señala que el Estado garantizará el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), incluyendo el servicio de banda ancha e internet y que establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios, pero no menciona la obligación de ofrecer conectividad o de establecer políticas públicas destinadas a la reducción de la brecha digital.

Es por ello, que el diputado considera relevante abrir la conversación sobre cómo mejorar la capacidad de conexión para millones de personas que no han podido alcanzar los beneficios que ofrece la tecnología y que cada día se ven más rezagados por no ejercer con un derecho que incluso está en rango constitucional.

“La Constitución sí garantiza el derecho a las TIC pero no asegura que a través de las políticas públicas se garantice este derecho. Este es el marco general que queremos abordar en un foro que vamos a realizar el próximo 13 de julio para escuchar y poner en el diálogo nacional cómo la conectividad ayuda a reducir la pobreza y a elevar la movilidad social, económica y educativa”.

En el encuentro, que se realizará en formato virtual el próximo miércoles 13 de julio a partir de las 10:00 horas, participarán Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Sóstenes Díaz, comisionado del IFT; Carlos Lerma, director general de Altán Redes y Gabriela Ramos, sub directora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO.

Asimismo, estarán presentes Verena Weber, jefa de la Unidad de Política de Infraestructuras y Servicios de Comunicaciones de la OCDE; Daniel Ríos Villa, vicepresidente de Telecomunicaciones de Canieti; Irene Levy, presidenta de Observatel, así como legisladores de diversas bancadas.

El legislador explicó que un tema necesario de abordar es cómo el país puede salir del “círculo vicioso” que se está generando con el encarecimiento del espectro radioeléctrico, por lo que la presencia de la autoridad hacendaria, es una pieza clave en la conversación.

“Lo que tenemos que hacer es salir del círculo vicioso que se está dando con el encarecimiento del espectro, es un tema que se pondrá en la mesa y que posiblemente el subsecretario Yorio estará en disposición de que la Secretaría de Hacienda sepa que esto no es un tema sólo de ingresos para la federación, sino que es un tema de calidad de vida, de desarrollo y combate a la pobreza y a la desigualdad”.

Desde su perspectiva, es fundamental que las autoridades hacendarias observen lo importante que es el acceso a internet por parte de la población y lo riesgoso que es que en México tengamos un “monopolio disfrazado”.

“Si los derechos del espectro siguen siendo inaccesibles y caros, aunque tengamos infraestructura llegando al último rincón del país, el servicio no va a ser accesible económicamente hablando para las familias mexicanas”.

De acuerdo con datos de la recién publicada Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en 2021 había 88.6 millones de personas usuarias de internet; sin embargo, esa cantidad apenas representa un incremento de 4.1 puntos porcentuales con relación al nivel de 2020, pues se pasó de una penetración de 71.5 a una de 75.6 por ciento de la población.

“Si bien es cierto que el crecimiento en el número de internautas es poco, es un avance; lo que no queremos es que eso se convierta en retroceso para la encuesta del próximo año. Necesitamos que haya la suficiente oferta en materia de internet, de tecnología desplegada a lo largo del país y las suficientes herramientas, pero sobre todo que haya precios accesibles”.

En opinión del legislador, hace mucho que el acceso a internet dejó de ser un lujo, una realidad que dejó claro el confinamiento obligado por la pandemia y que demostró que este servicio es tan vital como el agua, la luz y todo aquél que garantice una mejor calidad de vida.

“Si estamos en un camino fast track hacia el mundo virtual, qué estamos esperando para tener en el país una oferta lo suficientemente extensa, democrática y sostenible atendiendo las necesidades del país y acorde al ingreso promedio de las familias”.

En un país donde se subsidia a la población jóven y a los adultos mayores con recursos mensuales, la pregunta clave es por qué no se cuenta con una política pública enfocada a impulsar la oferta de servicios de internet, precios accesibles a la realidad social y un equilibrio en el mercado.

“Al paso que vamos, si seguimos sosteniendo desde el gobierno federal un cobro de derechos inaccesible con el cual pudiéramos generar un monopolio, al rato tendremos la infraestructura instalada que se quiera e incluso llegando al último rincón del país, pero no va a ser accesible económicamente hablando para las familias mexicanas”.

Entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han señalado que de no garantizarse un acceso digital generalizado se corre el riesgo de acentuar la desigualdad y entorpecer los esfuerzos emprendidos por los países para salir fortalecidos de la pandemia.

“Los desafíos están desde hace mucho tiempo y creo que los tenemos que enfrentar con una política pública en materia de conectividad eslabonada, no hay vuelta atrás, tenemos que empujar esto porque está directamente relacionado con el avance económico del país y con el avance de la calidad de vida de la personas”.

CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC

Ley de Comunicación Social y horario de verano, últimos temas en San Lázaro

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó los temas a desahogar en las últimas sesiones del actual periodo; entre otros, decidió incluir la desaparición del horario de verano y una reforma a la Ley de Comunicación Social, que busca regular los contratos de publicidad oficial.

En la sesión de hoy, la Cámara también discutirá una reforma al Código Penal Federal para tipificar como delito el matrimonio forzado para mujeres menores de edad, al agregar un capítulo denominado “cohabitación forzada de personas menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen capacidad de resistirlo”.

La iniciativa considera una pena de ocho a 16 años de prisión a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione y ofrezca a menores de edad o con incapacidad para entender o resistir el hecho, a unirse de manera informal o consuetudinaria, con o sin su consentimiento, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.

Para el miércoles se prevé que voten siete dictámenes, entre los que se incluye uno de la Comisión de Comunicaciones y Transportea relacionado con el cambio de horario.

El jueves, la última sesión del periodo ordinario se iniciará con dos rondas de agenda política donde se prevé una nueva disputa entre las bancadas. El tema de la Ley de Comunicación Social fue incluido “en previsión”, en espera de que la Comisión de Gobernación, que preside Alejandro Moreno (PRI), apruebe el dictamen respectivo.

Como ya lo hizo en dos finales de periodo anteriores, la Cámara volverá a intentar la votación de una nueva ley general de registros civiles.

Asimismo, la junta programó por quinta ocasión una reunión de trabajo privada con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para abordar la desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

A revisión, los ocho permisos otorgados para explotación de litio: AMLO

Al fustigar a sus adversarios y detractores quienes saben de la importancia estratégica de otorgarle la propiedad del litio a la nación pero guardan silencio, el presidente Andrés Manuel López Obrador también evidenció la postura de la oposición en la Cámara de Diputados (integrada por el PAN, PRI y PRD), que abandonó el pleno de la Cámara de Diputados.

Una vez que se aprobó su iniciativa, en la Cámara de Diputados, para nacionalizar la explotación y producción de litio anunció que los ocho permisos otorgados a empresas extranjeras y nacionales serán revisados: “Se tiene que ver si se cumplió con los procedimientos, se van a revisar los contratos otorgados en el caso de litio. Se hace la revisión no se suspenden los contratos para otros minerales, eso continúa vigente, es para el litio no es para la plata, no es para el oro, para el cobre, es litio; también para que no haya incertidumbre, es básicamente el litio si no es específicamente de litio eso ya va a quedar descartado”.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, llevándose las manos a la cabeza, el tabasqueño pintó la decisión de esos partidos, y contextualizó la relevante determinación nacionalizadora, que en Bolivia podría haber significado el golpe de estado contra el entonces presidente Evo Morales:

“No, no no no no no, son tres hojas, la ley son tres hojas” -reclamó a los opositores-, son tres hojas que leer y analizar de las que constó la iniciativa ya avalada en San Lázaro, “pero aceptándose conceder sí tiene que ver con un bien de la nación, que ambicionan en el extranjero, me consta de qué lo ambicionan. No estoy seguro, pero quienes sostienen que el golpe de estado en Bolivia tuvo que ver con el litio, yo no lo puedo asegurar, si no lo diría”.

—Lo dijo Evo Morales -le recordó una experimentada reportera.

—Evo lo dijo, pero su su punto de vista. Entonces imagínense salirse -volvió a los diputados de oposición- y de qué son traidores a la patria, quienes entregan a extranjeros los recursos naturales, de eso no hay duda, eso lo dijo Ricardo Flores Magón y lo dijo el general (Lázaro) Cárdenas, y está en la carta o en el planteamiento claro de Adolfo López Mateos cuando nacionaliza la industria eléctrica, ¡que no le anden buscando! No actuaron de manera consecuente.

Y tocó de nuevo a sus críticos que se excusan en el olimpo intelectual: “claro cuando ha tomado en cuenta el pensamiento de Flores Magón o el pensamiento de Lázaro Cárdenas, sobre todo en lo que tiene que ver con la recuperación del petróleo que estaba en manos de extranjeros, y es respetable que tengan esas posturas, somos distintos, pero ya cada, nada de andar simulando. Fuera máscaras: `soy independiente´ `no tengo partido´, ja, ja, ja (rio) `soy objetivo´ `yo soy intelectual´, `yo soy científico’, que se vayan con ese cuento a otro lado”, se mofó.

López Obrador, reitero la satisfacción y respondió a la cuestión que se ha extendido en una campaña mediática, en la cual se cuestiona que México carece de la tecnología para extraer el litio: “estoy muy contento con lo del litio, es que no dicen nada, pero ellos saben lo que significa el litio es un mineral estratégico, y qué si va a requerir, porque estuve leyendo comentarios de qué nos va a faltar la tecnología: vamos a ir desarrollando la tecnología, pero el litio es nuestro, es un poco lo que sucedió cuando la expropiación petrolera, nos condenaron diciendo que no vamos a poder sacar adelante la industria petrolera, por qué no íbamos a tener la tecnología y los trabajadores petroleros, los técnicos petroleros mexicanos entonces la sacaron.

Fue una muy buena decisión la del día de ayer, pensaron qué bloqueando la reforma constitucional ya con eso estaba resuelto, ¡no, no no no!, me doy cuenta de qué están molestos están dale y dale y dale de qué no se contó bien en la Suprema Corte. No les gustó la decisión de la Corte, y tampoco la de ayer, que fue muy buena en la Suprema Corte, porque el llamado Instituto de la Competencia es un organismo de las corporaciones, no define al pueblo de México, y resulta qué cualquiera, cualquier decisión que se tomaba en beneficio del pueblo, salía Instituto de la Competencia a ampararse o a presentar Controversia Constitucional, como en este caso, en contra de los órganos legalmente constituidos, y ayer resuelve la corte seis a cinco, de qué no tiene facultad” en materia eléctrica.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

¿Qué contempla el dictamen de la reforma eléctrica a analizar?

Las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía de la Cámara de Diputados aprobaron modificar el proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador; entre los cambios, se plantea fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como permitir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda establecer un esquema tarifario de servicio público.

Con lo anterior, el proyecto de decreto que reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia eléctrica fue enviado al pleno de San Lázaro, para iniciar su votación y discusión en los próximos días.

En tanto, este lunes, las y los diputados integrantes de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía, aceptaron las reservas presentadas por el diputado Ignacio Mier Velazco (Morena), al Artículo 28 constitucional, y los artículos transitorios: tercero fracción XII, Cuarto y Décimo, así como, la adición del artículo 4º Constitucional al proyecto de decreto, con lo que se modificó el dictamen enviado por el Ejecutivo federal.

Estas reservas, según lo expuesto por el también coordinador de Morena Ignacio Mier, se basaron en nueve de las 12 propuestas presentadas por la alianza Va por México

Entre las modificaciones destaca el establecer que el acceso a la energía eléctrica sea un derecho humano, ello al incluir un nuevo párrafo del Artículo 4º constitucional donde se garantice al menos cinco conceptos: uso, suministro, suficiencia, precios bajos y la electricidad como precondición para el goce de los derechos humanos.  

Asimismo, se propuso incorporar un décimo transitorio al proyecto de decreto, en el cual se indica que, a la entrada en vigor de este decreto, la CFE procederá a establecer un esquema tarifario de servicio público que permita reducir las tarifas de alumbrado público, de bombeo de agua potable, de saneamiento y asimismo el servicio doméstico. Además de revisar las tarifas que corresponden a las instituciones de salud y educación.

Por otro lado, se modificó el transitorio cuarto del proyecto de dictamen para señalar que la CRE se debe fortalecer, en congruencia, se dijo, con lo aprobado en días pasados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desaparición de órganos

El cuarto transitorio del proyecto de decreto del Ejecutivo federal planteaba que los órganos reguladores coordinados en materia energética, Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CRE, se suprimen y su estructura y atribuciones se incorporan a la Secretaría de Energía, en lo que corresponda.

En el caso del artículo transitorio Tercero fracción XII, se propone la reformulación del modelo de los certificados de energía limpia, para alinearlo con los certificados internacionales. El proyecto del presidente López Obrador planteaba cancelar todos los certificados de energías limpias.

En su intervención, Ignacio Mier argumentó que estas modificaciones buscan garantizar el acceso a la energía eléctrica, y el costo más bajo posible al establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos generar su propia energía o comprarla a precios más bajos y estables posibles, y con ello beneficiar a los 2,046 ayuntamientos.

Asimismo, sostuvo que quedará establecido que la tarifa de uso agrícola no tenga trato de uso industrial o general. Y que se garantice que las más de 134,000 sociedades de producción agrícola, a través de las cuales están organizado más de 5 millones de productores, campesinas y campesinos, se vea reducida la tarifa, bajo el argumento de que es un derecho humano la alimentación.

Además de que quedará explicito la reducción de la tarifa para los sistemas operadores de agua potable y los comités locales de agua potable; que actualmente están enfrentando un severo problema porque el recibo también viene considerado como tarifa industrial y no como una tarifa de servicio público.

Por otro lado, el morenista aseguró que el dictamen propone hacer una revisión integral de todos los contratos llamados legados para el caso de los productores de autoabasto, lo mismo para los productores independientes.

Así como abrir la oportunidad para que negocios y empresas más pequeñas puedan acceder al mercado eléctrico y sus beneficios con costos más bajos o energía limpia a través de permisos para la autogeneración y la generación distribuida pasen de 0.5 a 1 megawatt, lo que va a permitir que ayuntamientos, el sector social, comerciantes puedan generar su propia electricidad bajo el esquema de autoabasto o generación distribuida.

También se dijo que el proyecto reafirma y fortalece la rectoría al sector eléctrico, a través del Centro Nacional de Energía Eléctrica. Mientras que se busca fortalecer a la CFE para que sea el organismo público responsable del control del servicio de energía eléctrica.

Cabe señalar que el dictamen mantiene las propuestas del titular del Ejecutivo, como que la Comisión Federal de Electricidad manejará el 54% del mercado eléctrico del país, además de que deberá renovar maquinaria y equipo de 10 centrales hidroeléctricas y la construcción del parque fotovoltaico de gran magnitud en el norte del estado de Sonora.

Mientras que el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado, quienes participarán hasta en el 46% de la generación que requiera el país.

Asimismo, el Estado establecerá la transición energética utilizando todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, por lo que la CFE será la responsable de esta transición.

También se mantiene el texto que especifica que no se otorgarán concesiones sobre el litio y los minerales estratégicos necesarios, exceptuándose las concesiones mineras ya otorgadas en las que existen antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía, al tiempo que serán área prioritaria del desarrollo las industrias requeridas para la transición energética.

Entre los artículos transitorios también se mantiene que los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución, una vez entrado en vigor el decreto.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA