Central obrera más grande de EU presentará primera queja laboral contra México bajo el T-MEC

La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregará este lunes a Washington una solicitud para que el gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica el T-MEC, informó el sindicato.

La petición de la AFL-CIO, que fue compartida con Reuters, establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, se les negó representación sindical independiente en violación del tratado, que sustituyó al TLCAN el año pasado.

Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, que contaba con pocas herramientas para hacer cumplir las normas laborales, los salarios en México se estancaron y ahora se ubican como los más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El T-MEC fue diseñado para cambiar eso al dar más poder a los trabajadores para exigir mejores salarios, lo que también está destinado a evitar que los bajos costos laborales reduzcan más puestos de trabajo en Estados Unidos.

Reuters informó la semana pasada que cientos de trabajadores han buscado desde 2019 ser representados por una nueva organización sindical liderada por la activista y abogada Susana Prieto. Sin embargo, funcionarios laborales estatales nunca han sometido su solicitud a votación.

Prieto dijo que alrededor de 600 de sus adeptos en Tridonex fueron despedidos el año pasado, en lo que algunos trabajadores describieron como represalia por sus esfuerzos para cambiar de sindicato.

La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, con sede en Filadelfia, controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.

Bajo el “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida” del T-MEC, las empresas en México y Estados Unidos pueden enfrentar aranceles y otras sanciones por no garantizar los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación.

La petición de la AFL-CIO marca la primera vez que es puesto en práctica el componente para hacer valer las condiciones laborales dentro del tratado comercial T-MEC. Empresas y activistas estarán muy atentos.

“Esto sienta un precedente”, dijo Catherine Feingold, directora del departamento internacional de la AFL-CIO, que presionó por mejores disposiciones sobre los derechos laborales en el T-MEC. “Va a ser una prueba para este nuevo sistema”.

La AFL-CIO enviará su petición a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de Estados Unidos, que tiene 30 días para revisar el reclamo y determinar si debe llevar el caso al gobierno mexicano para una revisión adicional.

Funcionarios laborales mexicanos trabajarían luego con sus contrapartes estadounidenses para acordar los términos para corregir la situación. Todo el proceso, incluida una etapa final para determinar posibles sanciones y multas, debe resolverse en un plazo de cinco meses.

La mayor parte de esto podría solucionarse con bastante rapidez si existe la voluntad política”, dijo Benjamin Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers, parte de AFL-CIO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador quien promulgó una reforma laboral en 2019, prometió eliminar los contratos de protección de México que, según los críticos, anteponen los intereses de las empresas a los derechos de los trabajadores, lo que también es una prioridad del T-MEC.

Sin embargo, la nueva ley se está implementando gradualmente en todo México y los cambios no comenzarán a llegar al estado Tamaulipas, donde se localiza Matamoros, hasta 2022.

La petición también fue respaldada por la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU por sus siglas en inglés), que representa a los empleados de Cardone en Estados Unidos, junto con la Public Citizen’s Global Trade Watch, una organización sin fines de lucro estadounidense, y el sindicato de Prieto, llamado SNITIS.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

STRMnoticas_ Acuerdo entre Sindicatos, Gobierno y empresarios. Subcontratación y PTU.

AMLO: Hoy se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos.

IPN recibe pliego de demanda salarial de sindicato

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibió el pliego general de Demandas salariales 2021-2022, y de Prestaciones sociales y económicas 2021-2023, de la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), correspondiente al personal de apoyo y asistencia a la educación de esta casa de estudios.

Durante la reunión, que encabezó el director general del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval, se reconoció que ha sido un año complejo, pero gracias al trabajo, disciplina y una gran capacidad de adaptación, de los politécnicos se han mantenido las actividades académicas y administrativas.

En tanto, la representación sindical reiteró el compromiso de cumplir con la responsabilidad de entregar el documento que plasma sus legítimas demandas, “aún en tiempos tan complejos e inéditos de la vida laboral como es el actual confinamiento por la pandemia, con la certeza de que la visión comprometida de quienes están al frente de esta casa de estudios dará una respuesta favorable a las demandas”.

Con información vía La Jornada

Revisan condiciones de los repartidores a través de apps

La mayoría de los ciclistas de la ciudad son repartidores, reveló el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, en días recientes a este diario. Ello habla del incremento exponencial de estos trabajadores a través de apps, pero también de su situación laboral precaria, señalan legisladores y expertos, quienes plantean revisar esas condiciones.

¿Los repartidores son o no son trabajadores de la empresa? Por ejemplo, el caso de Uber ha sido muy controversial: Uber se reconoce únicamente como empresa prestadora de un servicio de aplicación, pero no reconoce a los que trabajan para la aplicación como sus empleados”, señala la doctora María Xelhuantzi López, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien lleva 40 años investigando sobre derechos laborales.

Sin embargo, al menos dos países europeos han logrado que las empresas de aplicaciones ya los reconozcan como sus empleados.

El 16 de marzo, el Ministerio del Trabajo en Reino Unido emitió un comunicado en el que se establece que quienes laboran para Uber son reconocidos como sus trabajadores.

En tanto, el pasado 11 de marzo, el gobierno de España y las plataformas de reparto de bienes lograron negociar un acuerdo mediante el cual “los repartidores de las plataformas son asalariados y no (trabajadores) autónomos”.

Ahora el acuerdo será plasmado en un real decreto que entrará en vigor dentro de tres meses y será obligatorio para empresas como Uber Eats, Amazon y otras.

El decreto incluirá la obligación de las plataformas de reparto de informar a los sindicatos de los trabajadores cuáles son “los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial” que inciden en sus condiciones de trabajo, el acceso al empleo y el mantenimiento del mismo.

En la ciudad, en un sondeo con repartidores, Xelhuantzi López encontró que “en promedio ganan 260 pesos diarios (poco más del salario mínimo).

Sin embargo, “uno de los temas que más les aflige son los accidentes en la calle, pues no tienen seguro médico, y la otra cuestión es que si se les descompone la bicicleta ellos deben pagar la reparación, no cuentan con el apoyo de la empresa”.

Sobre si la capital y el país mismo deberían seguir la ruta de Europa, el vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Jorge Gaviño, consideró: “Sí, porque en México vamos al revés: vamos hacia la informalidad, hacia no tener seguridad social ni tener prestaciones y, al contrario, los países desarrollados están adelgazando las plataformas de trabajo informal y están fortaleciendo los esquemas formales de trabajo”.

Aunque asegura que la tarea está en el legislativo federal: “La Ley Federal del Trabajo tendría que reformarse y eso le corresponde a las cámara de Diputados y de Senadores, pero les tiembla la mano para imponer esos derechos; son valientes para otros temas, pero cuando les corresponde mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y cargar más responsabilidad a las empresas, allí no se avientan”.

Xelhuantzi López coincide en que el marco legal en materia de trabajo es anacrónico en México.

(El artículo 123 de la Constitución federal) “es muy obsoleto, fue hecho para los trabajadores industriales de fines del siglo XIX y no contempla los cambios en el trabajo, en particular en el sector servicios”.

La académica de la UNAM dice que se necesita “garantizarles a los repartidores el derecho a una negociación colectiva, para poder establecer ciertas condiciones de trabajo con los dueños de las plataformas”, e incluso se requiere una reforma al artículo 123 constitucional que les garantice a los repartidores poder negociar con Uber Eats, DiDi, Rappi o cualquier otra plataforma.

Soy partidaria de que puedan negociar sin necesidad de tener un sindicato, pues es tal el nivel de degradación de los sindicatos en México, que el primer obstáculo que tiene el trabajador es el propio sindicato. Son más un instrumento de control político que de defensa de los derechos”.

En muchos casos la negociación podría ser simplemente que los inscriban al Seguro Social, que si sufren un accidente de trabajo tengan garantizada la atención médica, así como las reparaciones de sus bicicletas, porque actualmente ellos pagan todo; tienen incluso que comprar la bolsa en la que reparten la comida”, dijo la académica.

José Luis Rodríguez, vicecoordinador de la bancada de Morena, señala que el Congreso de la Ciudad de México tendría que considerar regular la forma en la que operan las plataformas de entrega de productos.

Las aplicaciones tienen un impacto local y necesitamos analizar si es factible su regulación”, consideró.

Estamos en el último periodo (de sesiones) de la primera legislatura, y éste concluye en mayo. No nos dará tiempo de aprobar una iniciativa, pero quizá sí para empezar a proponer una”.

Margarita Saldaña, presidenta de la Mesa Directiva y presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso local, consideró que ese tipo de trabajadores podría acogerse a la iniciativa de ley de no asalariados, la cual está detenida.

Los repartidores entran en la categoría de no asalariados: no tienen salario fijo, dependen de cuántas entregas hagan, no tienen horario fijo y no tienen contrato”.

Una vez que tú te declaras no asalariado, te registras ante el gobierno de la ciudad y, de acuerdo al dictamen que ya elaboramos, tendrían el aval para acceder a prestaciones que tiene la ciudad o programas sociales; tendrían estatus de preferencia para acceder a créditos en el Invi, cierto estatus de preferencia para acceder a los servicios de salud, etcétera”, dijo la diputada.

Saldaña y Rodríguez coincidieron en la necesidad de destrabar en el Congreso local el tema y elaborar un dictamen final de Trabajo No Asalariado, el cual tome en cuenta las diferentes iniciativas.

Con información vía Excélsior

En riesgo 230 investigadores en Puebla, si SCJN modifica jurisprudencia: Fenasscyt

Más de 230 investigadores y trabajadores de centros dedicados al desarrollo de ciencia y tecnología en Puebla, se verán afectados en caso de que sean incorporados al régimen laboral burocrático regulado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en apartado B, como lo analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

El dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (Fenasscyt), Manuel Escobar Aguilar y secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Sutinaoe), dijo que, de modificarse la jurisprudencia P./J. 1/96 que revisa el máximo tribunal del país, se generarían graves daños a la vida laboral y académica del personal académico en centros de investigación. 

En entrevista para MILENIO Puebla, explicó que actualmente la jurisprudencia P./J. 1/96 coloca a los trabajadores de centros públicos de investigación como personal de base, de tal forma que una modificación atentaría contra su derecho de asociación.

Expresó que existe el riesgo de que el personal académico de los centros de investigación pase al Apartado B del Artículo 123 Constitucional, es decir, al rubro de confianza sin derecho a la sindicalización. 

“Al ser personal de confianza perderíamos muchos derechos. ¿Cuántos investigadores sólo en Puebla se verían involucrados en esta problemática? El Inaoe tiene cerca de 150 trabajadores académicos como investigadores, más, 80 técnicos académicos en investigación, estamos hablando de cerca 230 trabajadores que estaríamos afectados solo en el instituto. También están los estatales que pertenecen a una universidad, aunque se rigen de manera autónoma, pero se verían afectados de alguna manera”, explicó. 

El dirigente de la Fenasscyt consideró que una modificación a la jurisprudencia atentaría contra los derechos de una negociación colectiva de trabajo, además que se vería afectado el desarrollo de ciencia. 

“Creemos que se vería limitada la expresión, al perder la libertad de cátedra, los investigadores ya no tendrían la facilidad de hacer trabajo de campo. Se dice que los derechos en cuanto a prestaciones no se perderían, pero lo que sí sucede, es que, al pasar a otro ámbito, ya no seríamos personal de base, sino de confianza y ya no estaríamos protegidos por un sindicato”. 

Escobar Aguilar comentó que los representantes de 22 sindicatos de Centros de Investigación y otras organizaciones académicas, así como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) estarán atentos a la revisión del proyecto por parte de ministros de la SCJN, previsto para este 8 de marzo, a la espera de que se eviten modificaciones al régimen laboral.

Con información vía MILENIO

Nueve de cada 10 sindicatos federales ya legitimaron sus contratos colectivos

Mediante la conciliación, en el nuevo modelo laboral, el 80% de los conflictos de trabajo se resuelven ya, en los ocho Estados donde se implementó la Reforma Laboral, manifestó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján,

De gira de trabajo por Querétaro, entidad que forma parte de la segunda etapa de implementación, exhortó a empresarios y representantes de trabajadores a apostar por la conciliación, en la que, a través del diálogo, las partes lleguen a un acuerdo y con beneficios para ambos.

Ante el gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién y el secretario del Trabajo estatal, Fernando Ramírez Retolaza, señaló que el nuevo modelo laboral llevará al país a un esquema de desarrollo, justicia y equidad, en beneficio de las empresas y generación de inversiones; pero sobre todo a través del respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores.

Explicó que para lograr que cada uno de los trabajadores tenga la certeza de elegir a sus dirigentes a través del voto personal, libre, directo y secreto, así como saber en qué se gastan sus cuotas sindicales y garantizar la paridad de género en las directivas gremiales, deben realizar la modificación de sus estatutos.

Compartió al auditorio que 90% de los sindicatos federales y 27.5% estatales ya realizaron la adecuación de sus normas, “pero es necesario seguir avanzando”.

Habló de la importancia de que los sindicatos realicen cuanto antes la legitimación de sus contratos colectivos, que constituye la llave del nuevo modelo laboral. “Cuando hay un contrato legitimado, hay un sindicato con el respaldo y legitimidad para negociar con los empresarios”.

Y el gobernador Domínguez Servién, señaló que con la tradición jurídica que caracteriza a Querétaro, sus instituciones trabajan y están comprometidas, para que la implementación de esta reforma constitucional, acerque y agilice la justicia al sector productivo.

Estuvieron presentes además funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Congreso local: el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, entre otros.

Con información vía EL SOL DE MÉXICO

Admite tribunal queja de ASPA contra juez que le negó amparo

El tribunal colegiado decimotercero en materia administrativa en Ciudad de México admitió el recurso de queja que presentó la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) contra un juez federal, quien declaró improcedente el juicio de amparo que interpuso a causa de la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de revocar el año pasado la concesión de los almacenes fiscalizados de Mexicana de Aviación que se encuentran en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El sindicato promovió el recurso ante el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa en la capital de la República, sin embargo, el impartidor de justicia desechó la demanda al declararla improcedente por haber sido presentada de manera extemporánea y no como lo definen los plazos establecidos. Sin embargo, inconforme con la respuesta, ASPA interpuso el recurso de queja ante el colegiado, quien determinará si ratifica o no la decisión del juez federal que rechazó estudiar el asunto.

Empleos perdidos

En agosto del año pasado venció la prórroga para entregar las instalaciones, con lo cual, el sindicato señaló que en su momento se perdieron 280 trabajos, y dejó sin efecto el resarcimiento económico a los ex trabajadores de Mexicana de ­Aviación. Estos almacenes ­fiscalizados manejan entre 20 y 30 por ciento del total de la carga que se mueve en el aeropuerto ­capitalino.

Mexicana de Aviación fue declarada en quiebra en abril de 2014, luego de un proceso de cuatro años a partir de que cesó operaciones en agosto de 2010, a casi 90 años de su fundación.

Con información vía La Jornada

Sindicatos de Ciencia y Tecnología acuden a la Suprema Corte a inconformarse por cambio de jurisprudencia

Veinticinco sindicatos de centros de investigación dedicados al sector de Ciencia y Tecnología pidieron audiencia a la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) por el cambio de jurisprudencia que afecta su régimen laboral. 

Con una carta dirigida al magistrado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de La SCJN señalan que la pretensión de incorporarlos a la regulación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (apartado B del Artículo 123 Constitucional) generaría graves daños a su vida laboral y académica, entre otros puntos enfatizan que es esencial que el personal académico sea reconocido como trabajador de base y no como personal de confianza, como se señala en el artículo 5 fracción II inciso g de la Ley. “Esta carece de estabilidad en el empleo y obedece su designación a criterios burocráticos, distintos de los de la evaluación y la calidad académica”, se lee en el documento. 

Esto además destruiría la estructura académica que soporta estas instituciones de excelencia y la normatividad laboral de ingreso, promoción y permanencia, que se ha construido sobre la base de la autonomía de las instituciones y del régimen del apartado A, similar al de las universidades autónomas por Ley. 

Por otro lado, se atentaría en contra del derecho de asociación del personal académico, ya que el régimen burocrático excluye al personal de confianza de la sindicalización; en consecuencia, como organizaciones sindicales que agrupan académicos, estarían condenados a la extinción. 

También aseguran que se afectarían sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva, toda vez que sustentados en el régimen general del apartado A tienen celebrados contratos colectivos de trabajo que han sido fuente de entendimiento en beneficio de la estabilidad de las instituciones y de los derechos de los trabajadores, tanto académicos como administrativos. Por ello, sería un contrasentido que, en esta época de expansión de los derechos laborales colectivos, reflejados en la nueva reforma laboral y los Convenios 87 y 98 de la OIT, se les traslade a un régimen de derechos colectivos restringidos. 

Por último, el documento presentado por la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (FNSSCYT) explica que el cambio de jurisprudencia traería como consecuencia desahogar los conflictos laborales ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que por ser nacional se encuentra totalmente rebasado por la carga de trabajo y todos los asuntos se tramitan en la Ciudad de México, ya que solamente cuenta con instalaciones en la capital del país, por lo que deja en desventaja a los trabajadores que laboran en los centros de investigación de otras entidades del país. Además, existen diferencias marcadas en el procedimiento y en el tema de salarios caídos. 

Con información vía El Economista

SUTGCDMX pide fortalecer el enfoque estratégico de combate al Covid-19

Fortalecer el enfoque estratégico de combate a la pandemia del Covid-19, bajo el compromiso reiterado de colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, ayudará a reducir los casos de fallecimiento y de contagio en la capital del país y su zona conurbada.

Así lo señaló el líder de la Central FSTSE y presidente del directorio sindical del SUTGCDMX, Joel Ayala Almeida, quien agregó que tal petición la han hecho llegar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Entrevistado en la sede de la FSTSE, Ayala Almeida puntualizó que esta posición de principio la hemos mantenido desde el inicio de la pandemia y no es otra que apoyar la atención a las prioridades en la protección a la salud de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la población en general con el uso de cubrebocas, utilización de gel anti bacterial, mascarillas y muy especialmente la práctica de pruebas Covid-19.

Enviamos una carta de petición institucional a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sabedores que bajo su Gobierno se han intensificado y multiplicado los esfuerzos de las medidas sanitarias, ante la virulencia masiva que se padece.

El presidente del Directorio Sindical del SUTGCDMX, confió que la misiva enviada manifiesta la demanda de las distintas representaciones sindicales incorporadas a la Central FSTSE, toda vez que sabemos de la alta preocupación e incertidumbre que inquieta a los trabajadores y a la población en general, provocando una demanda justificada de ser considerados en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

“Conscientes de la alta responsabilidad asumida por la Jefa de Gobierno, ante la pandemia sanitaria, le hemos reiterado nuestro reconocimiento y le hemos solicitado hacer suyo este accionar incluyente, tanto de los trabajadores de la Ciudad de México como de la población abierta”, precisó Ayala Almeida.

Con información vía El Economista

STPS advierte a sindicatos que deben legitimar contratos; no habrá prórrogas

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lanzó un llamado a los sindicatos en el país para que cumplan con el proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo vigentes, pues en caso contrario estos corren el riesgo de desaparecer en mayo de 2023.

Lo anterior forma parte de la implementación de la reforma laboral, y al mismo tiempo, es una obligación adquirida dentro del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, cuyo principal objetivo, es eliminar los contratos colectivos de protección patronal.

En una reunión con las principales organizaciones sindicales del país como la Confederación de Trabajadores de México (CTM); así como el sector patronal de la ANTAD y la Coparmex, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, hizo un llamado a dar cumplimiento a este proceso que inició en mayo de 2019, pues no se contemplan prórrogas.

Durante una mesa de trabajo que se realizó vía remota con sectores obrero-patronal de la Ciudad de México, Alcalde Luján destacó que, si los trabajadores no ratifican el contenido de su contrato colectivo, a través del voto personal, libre, directo y secreto, este se dará por terminado; pero conservarán las prestaciones y condiciones de trabajo de manera individual.

En presencia de la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Soledad Aragón Martínez, Luisa Alcalde destacó que a nivel nacional ya son 178,133 trabajadores consultados, en 1,061 eventos realizados, para legitimar 559 contratos colectivos de trabajo; y al momento hay 386 sindicatos registrados en la plataforma de la STPS.

La funcionaria federal refirió que, a partir del 1 de mayo de este año, la legitimación de contratos colectivos de trabajo estará a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; sin embargo, hasta el día de hoy el sindicato titular debe dar aviso a la STPS que someterá a consulta de los trabajadores el contenido del contrato a fin de legitimarlo.

Para ello, deberán entrar a la página https://legitimacioncontratoscolectivos.stps.gob.mx/, crear un usuario y contraseña, registrar su consulta, elegir por qué autoridad quiere que sea verificada e imprimir la convocatoria, boletas y actas de votación que genere el sistema.

La votación se llevará a cabo en el día, hora y lugar señalados, los trabajadores deberán presentarse con una identificación oficial, se debe garantizar que el lugar sea accesible para los trabajadores y el empleador deberá entregar un ejemplar impreso del contrato colectivo del trabajo.

Posteriormente, el aviso de resultado deberá remitirse a la STPS y en caso de que la dependencia no realice observaciones durante los 20 días hábiles siguientes, el contrato se dará por legitimado.

Con información via El Economista