By Si bien, someter a consulta pública el proyecto de bases de la licitación IFT-12, que buscará colocar en el mercado bandas de frecuencia idóneas para el despliegue de servicios 5G, se encuentra en el Plan Anual de Trabajo (PAT) 2024 del IFT, este órgano regulador reprogramó nuevamente este proceso que aparecía en el calendario de abril.
Hasta el cierre de esta edición, el Calendario de Consultas Públicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) mostraba como “Programada” en el mes de mayo la consulta pública de integración del “Proyecto de Bases de la Licitación Pública para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de diversos segmentos de espectro radioeléctrico disponibles para la prestación de servicios de Acceso Inalámbrico (Licitación No. IFT-12)”.
Esta no es la primera vez que el órgano regulador pospone el proceso mediante el cual recibe opiniones, consideraciones y propuestas de las partes interesadas, que contribuyen a aumentar la solidez del proyecto para presentarlo a consideración del Pleno y posteriormente publicar la convocatoria.
Y es que en julio de 2023, la consulta pública del proyecto de bases para este concurso estuvo programada en el Calendario disponible en el portal de internet del IFT, sin embargo, cambió su estatus para este 2024.
A inicios de año, en el PAT 2024 se programó para el mes de abril el inicio de la consulta pública; sin embargo, al finalizar el mes, el calendario cambió y aparece en mayo, al igual que la consulta pública sobre las Propuestas de Convenios Marco de Interconexión presentados por el Agente Económico Preponderante en el sector de las telecomunicaciones aplicables al año 2025, misma que ya inició y concluirá el 1 de junio próximo.
El objetivo principal del anteproyecto de la licitación IFT-12 es dar a conocer -previo a su expedición- las bases para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de segmentos de espectro radioeléctrico disponibles en las bandas de frecuencias 614-698 MHz, 3300-3450 MHz, 1427-1518 MHz y, en su caso, 814-824/859-869 MHz, 824- 849/869-894 MHz, 2550-2570/2670-2690 MHz, 1755-1760/2155- 2160 MHz y 1850-1915/1930-1995 MHz, las cuales están sujetas a disponibilidad, análisis y determinaciones finales.
Desde la perspectiva del IFT, esta licitación busca ampliar la operación y disponibilidad de los sistemas de acceso inalámbrico para la provisión de servicios de banda ancha y telefonía móvil en México; así como ofrecer mayor velocidad de transferencia de datos para los usuarios finales de servicios inalámbricos a menor costo.
Además tiene el objetivo de evitar fenómenos de concentración, al permitir a los interesados contar con espectro radioeléctrico adicional para el despliegue o complemento de servicios móviles de última generación.
En marzo de 2023, en el marco de la consulta pública que el regulador realizó para obtener información para el fortalecimiento, planeación y diseño del proyecto de bases de la licitación IFT-12, empresas como AT&T fueron enfáticas al señalar que en tanto no cambien las circunstancias relacionadas con los altos costos del espectro radioeléctrico, la firma no estaría en condiciones de participar en una nueva licitación, no obstante, garantizará la prestación de sus servicios y el despliegue de su red 5G con la bandas de frecuencia que ya posee.
Los tiempos relacionados con la publicación de las bases de licitación son particularmente importantes este año, pues vale recordar que sólo faltan cuatro meses para que el Ejecutivo y el equipo de transición ganador de la contienda electoral, entreguen la propuesta final del Paquete Económico 2025, que implica el análisis y discusión de la Ley Federal de Derechos (LFD) en la que se establecen los cánones anuales por el uso del espectro radioeléctrico.
En México, las cuotas establecidas en la LFD son el principal factor del alto costo del espectro radioeléctrico, ya que llegan a superar el 90 por ciento del costo total de las bandas de frecuencias para implementar sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT por sus siglas en inglés), desplazando a las licitaciones públicas como el instrumento definido en la Constitución para la asignación de este recurso.
Datos del IFT señalan que únicamente tomando en cuenta los derechos, las bandas de frecuencias asignadas son 35 por ciento más costosas que la valuación del mismo espectro utilizando las referencias internacionales.
Es así que por años, México ha sido conocido como el país donde la mayor parte del costo del espectro radioeléctrico de las bandas de frecuencias asignadas representa un costo fijo para los operadores que se concentra en el pago de derechos.
Esta situación es reconocida por el IFT al asegurar que crea una inflexibilidad sustancial para que competidores de menor tamaño, distintos al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT) puedan ajustar sus costos.
Y es que mientras Telcel, que forma parte del AEPT paga 4.12 por ciento de sus ingresos anuales por el uso del espectro, su principal competidor, AT&T, paga el 11.62 por ciento, lo cual ha creado una desventaja en costos sustancial.
El pasado 24 de abril, en el contexto del foro Conecta México 2024, Sóstenes Díaz, comisionado del IFT, recordó que en múltiples ocasiones el órgano regulador ha dejado en claro su posición en torno a los precios del espectro radioeléctrico que se establecen en la Ley Federal de Derechos, que hacen que este recurso sea aproximadamente 60 por ciento más caro que a nivel internacional.
“El tema de eso es que nos ata un poco las manos en las licitaciones, porque en vez de que las empresas revelen cuál es su disposición a pagar en una licitación, ya tienen que traer descontado el tema del espectro. Muchas veces no les interesa, ya vimos que hubo una licitación en la que se asignaron solamente tres bloques. Telefónica regresó el espectro que tenía, y está operando como un gran OMV en la red de AT&T”.
Esto, dijo, representa un grave problema para el país pues se está quedando rezagado en términos de la cantidad de espectro que está disponible en el mercado con relación al nivel que registran otros países, lo que se traduce en que los operadores tengan que reutilizar el espectro que ya tienen y se vean en la necesidad de instalar más radiobases, es decir, densificar redes y mayores costos, lo que representa mayores precios al usuario final.
“Cada ejercicio fiscal, nosotros remitimos nuestra opinión a la Secretaría de Hacienda donde establecemos nuestra postura en el sentido de que se reduzcan esos derechos por el uso del espectro. El año pasado así lo hicimos, este año así lo haremos para tratar de que eventualmente nos hagan caso”.
El comisionado dijo que si bien éste es un año electoral, “nosotros tenemos que seguir trabajando con la gente que está, es decir, con la gente del gobierno federal, nosotros somos parte del Estado, trabajamos con la gente de la Secretaría de Hacienda y como cada año esperemos que esta vez sí nos hagan caso”.
CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC
