By Considerando que la nueva presidencia de México tomará posesión en octubre próximo, es muy probable que la licitación IFT-12, a través de la cual se buscará colocar en el mercado bandas de frecuencia idóneas para el despliegue de servicios 5G, se planee para después del cambio de gobierno.
Desde la perspectiva de José Otero, vicepresidente de 5G Americas para el Caribe y América Latina, este paso permitiría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) negociar con nuevas autoridades en la Secretaría de Hacienda que podrían estar más dispuestas a apoyar un proceso de asignación de espectro que priorice la conectividad sobre la recaudación de dinero.
“De no ser de esta manera, hay una alta probabilidad de que este proceso enfrente los mismos obstáculos que enfrentó durante 2023”, sostuvo el especialista en entrevista con ConsumoTIC.
En marzo de 2023, en el contexto de una consulta pública para recabar información sobre el proyecto de bases del proceso denominado IFT-12, la industria de las telecomunicaciones fue enfática en que antes de licitar espectro adicional, es necesaria una reducción significativa en las cuotas anuales del pago de derechos por el uso de este recurso.
AT&T México, por ejemplo, expresó de manera contundente su posición: en tanto no cambien las circunstancias, no estaría en condiciones de participar en un nuevo proceso como el que planea realizar el órgano regulador.
De hecho consideró que si el IFT resolviera llevar a cabo la Licitación IFT-12, sin que cambien las condiciones que actualmente rigen el mercado de las telecomunicaciones móviles en México, es altamente probable que el único operador capaz de participar y comprar espectro adicional sea el Agente Económico Preponderante (AEP).
Y es que, además de tener el 70 por ciento del mercado, Telcel es el mayor tenedor de espectro radioeléctrico en México, por lo que cualquier licitación de frecuencias para servicio móvil llevada a cabo en el corto plazo traería como efecto una mayor distorsión en el mercado, como consecuencia del acaparamiento de espectro que tendría lugar y consecuente incremento de la preponderancia de este operador.
En México, el pago de derechos anuales por el uso del espectro establecido en diversos artículos de la Ley Federal de Derechos, es el principal obstáculo para una eficiente asignación de este recurso esencial para los operadores de telecomunicaciones.
De hecho, tanto Telcel como AT&T han limitado su participación en las licitaciones recientes, y han quedado segmentos sustanciales de espectro sin asignar.
Las contraprestaciones por derechos por el uso del espectro en México se han mantenido a niveles muy altos y actualizados cada año por la inflación, lo que ha generado que el costo por derechos de espectro represente cada vez más, un porcentaje significativo de los ingresos de las empresas, “principalmente de aquellos que no son el agente económico preponderante en el sector”.
En diciembre pasado, Javier Juárez Mojica, presidente del órgano regulador dijo en reunión con los medios de comunicación que será este año cuando se inicie una nueva consulta pública en la cual todas las personas y empresas interesadas podrán opinar sobre el proyecto de bases de la IFT-12.
“Ahora será un proyecto de bases donde se ponga qué bandas se van a licitar, si va a haber algún incentivo, spectrum caps, todo ese diseño se somete a consulta pública, recibimos todos los comentarios y a partir de ahí se puede continuar con el procedimiento, pero digamos que estamos en eso y no sería tanto que estuviera en la congeladora (la licitación), más bien sigue su ruta de trabajo”, sostuvo en su momento el funcionario.
2024 y la imprescindible agenda digital
De cara a la elección de la persona que ocupará la presidencia de México en octubre próximo, José Otero afirmó que existen temas que no deben faltar en la agenda de cualquier jefe de gobierno, como por ejemplo, cómo se puede traducir la expansión de la cobertura de servicios de telecomunicaciones en mayor adopción.
También es importante que desde el gobierno se impulsen estrategias de educación sobre las ventajas de los servicios digitales, apoyadas en aplicaciones de gobierno electrónico que brinden una ventaja concreta a la ciudadanía.
Además, es crucial saber cómo una nueva administración impulsará en las distintas agencias de gobierno una estrategia horizontal de transformación digital y cómo se comenzará a establecer mediante el diálogo con los estados una estrategia pública vertical de transformación digital.
“Finalmente, debería establecer un centro de diálogo enfocado en la innovación y en el emprendimiento con tecnologías digitales que esté compuesto por representantes del gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la academia”.
CON INFORMACIÓN VÍA CONSUMO TIC
