Compartición de infraestructura, el alfil de la conectividad: Telefónica

En América Latina, donde alrededor de 45 millones de personas no acceden a Internet porque viven en zonas rurales o alejadas, la compartición de infraestructura es un poderoso modelo para expandir la conectividad a partir de pilares como la innovación, cooperación y sostenibilidad.

“La compartición no es novedad, ya es una tendencia. En Telefónica somos creyentes de la compartición de infraestructura en redes fijas y móviles, como ya lo hemos probado en diferentes países de la región”, José Juan Haro, director de Negocio Mayorista y Asuntos Públicos de Telefónica Hispanoamérica.

Por ello, añadió, la firma ha apostado por iniciativas como el Manifiesto Rural de Telefónica Hispam que propone conectar plenamente a las zonas rurales de América Latina sumando esfuerzos públicos y privados bajo un enfoque colaborativo; y, poniendo foco en un nuevo modelo que gire en torno a la innovación, cooperación y la sostenibilidad.

De hecho, en la región existen casos como el de Colombia y Chile donde se ha trabajado en conjunto con el fondo de inversión KKR para desarrollar empresas mayoristas neutrales que contribuyan a expandir la fibra óptica al hogar en todo el país acelerando el proceso de despliegue de manera importante.

“En el caso de Chile, ya cuenta con 3.5 millones de hogares con posibilidad de contratar servicio de fibra óptica y en Colombia con 2 millones”, comentó al participar en el Mobile 360 organizado por GSMA en la Ciudad de México.

En Perú, la empresa “Internet para Todos”, creada por Telefónica en conjunto con Meta (Facebook), BID Invest y CAF para ampliar el internet móvil en zonas rurales, ofrece desde 2019 conectividad 4G a alrededor de 3 millones de personas que viven en localidades alejadas.

Y en el caso de México, hace tres años firmó un convenio de capacidad a la red de acceso de última milla inalámbrica de AT&T que permitió cubrir con LTE de 37 a 227 mercados, lo que representa 83 por ciento de la población nacional.

“La inclusión digital significa no dejar a nadie atrás en esta revolución digital. Es clave que la regulación sea un habilitador antes que un obstáculo y para eso debe diseñarse de forma tal que promueva la innovación a todo nivel y se adecúe a la realidad del mercado y a la particularidad de cada zona”.

Sin embargo, éste no es el único desafío que enfrentan los países de la región en materia de conectividad. El espectro radioeléctrico, un insumo clave para expandir la conectividad y mejorar los servicios móviles, no es motivo de políticas de costo razonable, pues no se está observando la realidad del mercado, señaló Ana Valero, directora de Política Regulatoria de Telefónica Hispanoamérica.

Es así que desde la perspectiva de Miguel Calderón, director de estrategia de asuntos públicos de Telefónica Hispanoamérica, es fundamental que los operadores tengan condiciones predecibles que hayan sido definidas con tiempo de cara a dar certidumbre en la toma de decisiones de inversión, privilegiando los objetivos de política pública de extensión de las redes y los servicios.

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AMÉRICA MÓVIL_ Subsidiar conectividad: ¿camino viable para cerrar brecha de asequibilidad?

Sumado al esfuerzo que realizan los operadores de telecomunicaciones, los gobiernos de América Latina están obligados a innovar y encontrar la mejor fórmula para que nadie se quede «offline”, pues en la región hay un amplio porcentaje de la población que carece de dinero para asumir el costo de una conexión a internet, es decir, la problemática va más allá del despliegue de infraestructura o la falta de cobertura.

Desde la perspectiva de Daniel Hajj Aboumrad, director General de América Móvil (AMX), si se quiere un “futuro en el que nadie se quede offline”, es necesario buscar fórmulas que solucionen el problema de desconexión que vive esa población en América Latina que carece de recursos económicos para contratar un servicio de internet o comprar un dispositivo, algo que se podría resolver con programas similares a los establecidos en Estados Unidos.

“Hay programas en Estados Unidos donde si la persona califica, el gobierno paga la conexión digital a través de acuerdos con las compañías operadoras, para crear planes de acceso a muy buenos precios, lo cual podría darse entre ese 10 o 15 por ciento de la población de América Latina, que carece aún de conectividad”, destacó.

Estos programas deben estar acompañados de dispositivos a precios accesibles, que tengan los menores impuestos para que lleguen al mejor precio a la población, así como también desarrollar habilidades digitales, capacitar a la población para que cada vez, usen, aprendan, y crezca su interés por el desarrollo tecnológico, dijo al participar en el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD) 2022.

El ejecutivo detalló que en América Latina se ha pasado de tener 29 por ciento de la población conectada a más de 65 por ciento; sin embargo, 35 por ciento permanece desconectada.

De ese total, entre 10 y 15 por ciento, la desconexión tiene su origen en la falta cobertura, pero el resto carece de una conexión por factores más relacionados a no tener un dispositivo, carecer de habilidades digitales, pero aún más importante: porque no tienen dinero para tener acceso al servicio, explicó.

Cuestionado sobre la propuesta de apoyar a la población de escasos recursos con programas subsidiados por el gobierno federal, Rogelio Jiménez Pons Gómez, Subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México, (SICT), reconoció la necesidad de encontrar fórmulas innovadoras.

“Hay muchas fórmulas que tenemos que buscar para facilitar la creación no solo de infraestructura de acceso, sino acceso económico para gente que está carente de recursos y se puedan integrar, hay que formalizar una propuesta pero sería para el año que entra”, detalló en entrevista luego de participar en el CLTD 2022.

En la presente administración se parte de la estrategia enfocada principalmente de conectar a los no conectados, que en un porcentaje importante responde a la carencia de recursos. Sería un complemento social a lo que se está haciendo desde CFE Telecomunicaciones Internet para Todos, pero será importante investigar cómo, asociados con el sector privado, se puedan generar condiciones para que la gente se pueda conectar.

Esto lleva directamente también a la necesidad de reducir los costos del espectro radioeléctrico porque “somos los más caros” (como país), “esperamos hacer algo al respecto el año que entra porque son acciones fundamentales” que en conjunto se tienen que hacer para poder lograr la conectividad más amplia entre la población de México.

Con relación al reciente ataque de ciberseguridad a la SICT, el funcionario admitió que hay una afectación, “se tuvo que parar muchas máquinas (computadoras)” aunque por fortuna el virus se detectó a tiempo para evitar un contagio mayúsculo, luego se han tenido que limpiar “uno por uno” de los dispositivos, proceso que ha llevado varias semanas y se estima que en enero de 2023 se estará completamente en operación regular.

“Los trámites no se han parado, a los usuarios se les ha otorgado una prórroga, pero hay gente con nuevas flotillas que no han podido emplacar sus unidades, ahí están las prioridades, vamos lento, pero no estamos parados… no se tuvo que pagar nada ningún rescate, hay un 10 por ciento de computadoras que se está salvando información valiosa, el resto del equipo se está formateando”, precisó.

Precisó que más que un hackeo, se trató de un encriptamiento de la información para evitar su uso y pedir un pago para su liberación, “pero no se pagó nada”.

Añadió que en la SICT se realiza un estudio para buscar un precio más competitivo del espectro radioeléctrico, por lo que se analiza con detalle para que “bajemos” el costo. No se sabe hasta cuánto se discute con Hacienda “pero son durísimos para la lana”, se tiene que hacer un proyecto comparativo para saber ¿qué ganamos, qué perdemos”.

“Estoy convencido de que ganamos más bajando el precio del espectro… yo espero que el próximo año sí se logre porque es parte de una política general, ya estamos haciendo cosas para el futuro y esto es parte complementaria, que son políticas muy prácticas que ayuden a que baje todo el costo”

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México, mal ubicado en el Índice de Desarrollo de Banda Ancha

Con sólo 4.74 puntos en una escala de 8, México ocupa el lugar 45 en el Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA), que analiza el avance de las políticas públicas, la regulación estratégica, infraestructuras y capacitación TIC en 65 países; con esta calificación, el país queda detrás de naciones latinoamericanas como Barbados, Chile, Costa Rica, y Bahamas.

De acuerdo con la edición más reciente del índice elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el primer país de América Latina y el Caribe (ALC) es Barbados, que ocupa el puesto 33, seguido de Chile, Brasil, Costa Rica y Bahamas, ubicados en los sitios 34, 37, 39 y 41, respectivamente.

“Al final de los 65 países, hay 10 que se sitúan por debajo de los 4 puntos y que pertenecen a la zona de ALC. En último lugar destaca Haití, que junto con Honduras y Suriname se encuentran por debajo de 3 puntos, concretamente con una calificación de 2.28, 2.90 y 2.95 puntos, respectivamente”.

Pilares que componen el IDBA — Gráfico: BID

En el pilar Políticas Públicas y Visión Estratégica, México ocupa el lugar 52 al registrar 4.29 puntos; en el eje correspondiente a Regulación Estratégica, es ubicado en el sitio 36 con 5.58 puntos; en cuanto a Infraestructuras obtiene un valor de 4.45 ocupando el lugar 47 y en Aplicaciones y Capacitación TIC, se encuentra en la casilla 46 con 4.68.

Al analizar únicamente a los países de América Latina, tanto en el índice general como en cada uno de los pilares que lo componen, México se coloca entre los primeros 10 sitios; en tanto que los países con los mejores datos son Barbados, Chile, Brasil y Costa Rica, mientras que los que registran los peores puntajes son Haití, Honduras, Suriname, Guatemala y El Salvador.

Calificación de IDBA por país — Gráfico: BID

En su análisis, el BID subraya la importancia de que un país posea un entorno regulatorio en materia de telecomunicaciones adecuado, a fin de crear un escenario favorable para el desarrollo de infraestructuras, y de promover también la inversión en nuevos servicios de banda ancha.

“De esta manera, se ofrecerá a los usuarios un acceso a contenidos que impulsará la adopción de las últimas tecnologías (reflejado en el pilar Aplicaciones y capacitación), junto con otro tipo de medidas (e-Gobierno)”.

A su vez, si se estimula la demanda adecuadamente y se incrementa el uso de las nuevas tecnologías y de la banda ancha en el país, se pueden generar ingresos adicionales así como nuevos recursos para que los operadores puedan realizar más inversiones y entrar en el círculo virtuoso del desarrollo de la banda ancha.

“El esfuerzo para contar con un sistema legislativo y regulatorio apropiado en este sector es clave para promover la competitividad e integrar a los ciudadanos, las empresas y las administraciones en el desarrollo de la banda ancha del país”.

A partir de cada subíndice y del propio IDBA, se puede medir y observar la evolución de los puntos clave de actuación, de forma tal que, llegado el caso, se puedan diagnosticar las posibles razones por las que el círculo virtuoso no funciona adecuadamente, y tomar medidas más específicas y fundamentadas.

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OPINIÓN_ La inseguridad y la falta de inversión como obstáculos para la conectividad

Por Israel Quiñones

La inseguridad en nuestro país se ha convertido en uno de los grandes males cotidianos. Los tres niveles de gobierno no han logrado garantizar la seguridad pública que la sociedad demanda y en cierto modo, esto es resultado de diversos motivos que van desde la corrupción en las fuerzas de seguridad pública, hasta el incremento de actividades delincuenciales derivado de la falta de oportunidades para una gran parte de la sociedad.

Es inevitable que estos efectos permeen a distintos sectores y, en definitiva, la seguridad se ha convertido en uno de los grandes pendientes del gobierno de la 4T. Sin embargo, el desarrollo nacional se ve truncado por la falta de atención al incremento de las actividades delictivas, tal es el caso en el sector de las telecomunicaciones, pues el aumento en el robo y vandalismo de la infraestructura provoca desconexiones frecuentes de los usuarios, además de que los trabajadores de las distintas compañías se ven afectados y en peligro para poder desempeñar sus labores.

En algunos estados del país, el trabajar en un corte de fibra óptica después de una hora en específico, significa arriesgar la propia seguridad, sin embargo, es imperativo restablecer los servicios y ese es solamente un ejemplo. En el caso de Telmex, según datos de la propia empresa, se han realizado 30,456 denuncias en los últimos dos años por vandalismo a las vías generales de comunicación y robo de cable y en este rubro, el cableado de cobre es lo más apetitoso para aquellos que realizan la sustracción de este material que se traduce en más de 5 millones de metros, lo que representa 2,481 toneladas de este preciado metal, mismo que es fundido en “chatarreras” para su venta en el mercado negro.

Si estos datos plasmados en el párrafo anterior son conocidos por las compañías y trabajadores, ¿por qué la autoridad no los conoce? Aunado a lo anterior, es necesario señalar que el sabotaje a la red realizado por trabajadores de la competencia se ha incrementado y camuflado con los actos de grupos delincuenciales, en este rubro el operador más afectado sigue siendo Telmex.

Según una nota del periódico El Financiero, representantes de operadores como Telmex, Megacable y AT&T han solicitado la intervención activa de las autoridades, pues comentan que el desarrollo y crecimiento de la infraestructura se ha visto afectado por el tema de la delincuencia, sobre todo por la falta de garantías para los trabajadores que realizan labores en las zonas alejadas de las manchas urbanas del país, al punto de verse amenazados por miembros de grupos del crimen organizado, ya que existen redes de telecomunicaciones paralelas propiedad de estas organizaciones delincuenciales, de manera que la interconexión con la red troncal de los grandes operadores se convierte en una prioridad para mantener sus redes.

Si bien es cierto que la inseguridad se ha convertido en un obstáculo para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, no podemos dejar de lado la falta de inversión y la falta de incentivos regulatorios, debido a que el uso de la red de Telmex como red troncal de los competidores, ha promovido que los operadores perezosos no continúen con el crecimiento de la red, al igual que Telmex ha reducido sus niveles de inversión por la misma regulación.

Aunado a lo anterior, el conflicto obrero patronal entre Telmex y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, se ha convertido en un tema que afecta la calidad en el servicio, puesto que la falta de personal es causante de ineficiencia en la atención, ya que la empresa se ha recostado en una actitud de necedad y sin mostrar argumentos claros al no reconocer 1,942 vacantes ya negociadas con anterioridad, asunto que demuestra y subraya la política antisindical con la que se rige América Móvil en todo el continente.

Es una realidad que la inseguridad se ha convertido en un gran obstáculo para el desarrollo y despliegue de nueva infraestructura de telecomunicaciones, pero tampoco se trata de negar razones de fondo que han sido las mayores causales de la falta de conectividad, además de que los operadores perezosos no cuentan en sus concesiones ningún compromiso u obligación para generar mayor conectividad, tal y como sucede en el caso de Telmex en su concesión, además de que el Agente Económico Preponderante no cuenta con una concesión convergente que sea un incentivo para impulsar la inversión y pueda competir en igualdad de circunstancias, además de bajar los precios en el mercado de Televisión de paga.

Definitivamente el ramo de la seguridad pública es una exigencia social justa y necesaria, por lo que en el caso del sector de las telecomunicaciones es necesario, indudablemente, sobre todo para mantener la integridad personal de los trabajadores que realizan los trabajos necesarios para conectar al país, pero sin la inversión suficiente y con una regulación que trunca el desarrollo va a seguir siendo muy complicado.

¿A cuántos ha conectado AMLO a Internet?

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dieron a conocer la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021.

Durante la presentación de la ENDUTIH 2021, Graciela Márquez, presidenta del INEGI, celebró que entre 2017 y 2021 se conectaron a 18 millones de nuevos usuarios de Internet, aunque hay que aclarar que no todos son éxito de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y les detallo a continuación.

La ENDUTIH 2021 señala que en 2017 había 70.3 millones de personas con acceso a Internet; en 2018 se alcanzaron 73.1 millones; para 2019 eran ya 79.5 millones; en 2020, la cifra creció a 83 millones, y finalmente para el año pasado había ya 88.6 millones de internautas.

Las personas que estrenaron conectividad en los años 2017 y 2018 no deben ser adjudicados al actual sexenio, pues el presidente López Obrador tomó posesión el 1 de diciembre de 2018.

Entonces la ENDUTIH revela que en el actual sexenio se han conectado en total a 15.5 millones de personas que antes no tenían acceso a Internet.

Eso quiere decir que en promedio hay cinco millones de nuevos usuarios de Internet al año, lo que nos hace inferir que si el ritmo no aumenta, al final del sexenio, el presidente López Obrador podrá decir que logró conectar a 31 millones de personas.

Eso suena una cifra nada despreciable, pero insuficiente. De hecho, cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de México había 40.9 millones de internautas en el país, mientras que su sexenio cerró con 74.3 millones, es decir, conectó en total a 33.4 millones de mexicanos.

Con ello vemos que para que el actual presidente logre superar a su predecesor debe meter el acelerador, y al parecer su plan es hacerlo con la Red Compartida y el rescate de Altán Redes.

La ENDUTIH 2021 reveló que hasta el año pasado había 88.6 millones de usuarios de Internet, mientras que el INEGI señala que en el país había, también en 2021, un total de 126 millones de mexicanos, lo que quiere decir que 37.4 millones no tienen hoy acceso a Internet.

Con el ritmo de cinco millones de nuevos internautas por año que tiene la administración federal, no alcanzará para garantizar a todos los mexicanos el derecho constitucional de tener acceso a banda ancha.

Sólo el tiempo nos dirá si la apuesta de AMLO con la Red Compartida le alcanzará para cerrar la brecha de conectividad. Además, también debe preocuparse por cerrar la brecha de educación digital.

Con información de DPLnews Alejandro González

Derecho constitucional a la conectividad, ¿letra olvidada?

Aunque desde hace nueve años, el acceso al servicio de banda ancha e internet es un derecho constitucional, la distribución en el acceso, uso e impacto de las TIC sigue siendo desigual; un fenómeno que se ha agudizado por la ausencia de políticas públicas destinadas a reducir la brecha digital y al “círculo vicioso” que involucra altos precios del espectro radioeléctrico que fomentan el fortalecimiento de una especie de “monopolio disfrazado”.

En este escenario, legisladores como Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados, están poniendo manos a la obra, pues desde abril pasado se presentó una iniciativa que propone reformar el artículo 6 constitucional; además, la próxima semana colocará el tema en la palestra nacional con la realización de un foro enfocado a analizar el cómo sí de la conectividad.

Y es que el texto vigente del artículo 6 señala que el Estado garantizará el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), incluyendo el servicio de banda ancha e internet y que establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios, pero no menciona la obligación de ofrecer conectividad o de establecer políticas públicas destinadas a la reducción de la brecha digital.

Es por ello, que el diputado considera relevante abrir la conversación sobre cómo mejorar la capacidad de conexión para millones de personas que no han podido alcanzar los beneficios que ofrece la tecnología y que cada día se ven más rezagados por no ejercer con un derecho que incluso está en rango constitucional.

“La Constitución sí garantiza el derecho a las TIC pero no asegura que a través de las políticas públicas se garantice este derecho. Este es el marco general que queremos abordar en un foro que vamos a realizar el próximo 13 de julio para escuchar y poner en el diálogo nacional cómo la conectividad ayuda a reducir la pobreza y a elevar la movilidad social, económica y educativa”.

En el encuentro, que se realizará en formato virtual el próximo miércoles 13 de julio a partir de las 10:00 horas, participarán Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Sóstenes Díaz, comisionado del IFT; Carlos Lerma, director general de Altán Redes y Gabriela Ramos, sub directora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO.

Asimismo, estarán presentes Verena Weber, jefa de la Unidad de Política de Infraestructuras y Servicios de Comunicaciones de la OCDE; Daniel Ríos Villa, vicepresidente de Telecomunicaciones de Canieti; Irene Levy, presidenta de Observatel, así como legisladores de diversas bancadas.

El legislador explicó que un tema necesario de abordar es cómo el país puede salir del “círculo vicioso” que se está generando con el encarecimiento del espectro radioeléctrico, por lo que la presencia de la autoridad hacendaria, es una pieza clave en la conversación.

“Lo que tenemos que hacer es salir del círculo vicioso que se está dando con el encarecimiento del espectro, es un tema que se pondrá en la mesa y que posiblemente el subsecretario Yorio estará en disposición de que la Secretaría de Hacienda sepa que esto no es un tema sólo de ingresos para la federación, sino que es un tema de calidad de vida, de desarrollo y combate a la pobreza y a la desigualdad”.

Desde su perspectiva, es fundamental que las autoridades hacendarias observen lo importante que es el acceso a internet por parte de la población y lo riesgoso que es que en México tengamos un “monopolio disfrazado”.

“Si los derechos del espectro siguen siendo inaccesibles y caros, aunque tengamos infraestructura llegando al último rincón del país, el servicio no va a ser accesible económicamente hablando para las familias mexicanas”.

De acuerdo con datos de la recién publicada Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en 2021 había 88.6 millones de personas usuarias de internet; sin embargo, esa cantidad apenas representa un incremento de 4.1 puntos porcentuales con relación al nivel de 2020, pues se pasó de una penetración de 71.5 a una de 75.6 por ciento de la población.

“Si bien es cierto que el crecimiento en el número de internautas es poco, es un avance; lo que no queremos es que eso se convierta en retroceso para la encuesta del próximo año. Necesitamos que haya la suficiente oferta en materia de internet, de tecnología desplegada a lo largo del país y las suficientes herramientas, pero sobre todo que haya precios accesibles”.

En opinión del legislador, hace mucho que el acceso a internet dejó de ser un lujo, una realidad que dejó claro el confinamiento obligado por la pandemia y que demostró que este servicio es tan vital como el agua, la luz y todo aquél que garantice una mejor calidad de vida.

“Si estamos en un camino fast track hacia el mundo virtual, qué estamos esperando para tener en el país una oferta lo suficientemente extensa, democrática y sostenible atendiendo las necesidades del país y acorde al ingreso promedio de las familias”.

En un país donde se subsidia a la población jóven y a los adultos mayores con recursos mensuales, la pregunta clave es por qué no se cuenta con una política pública enfocada a impulsar la oferta de servicios de internet, precios accesibles a la realidad social y un equilibrio en el mercado.

“Al paso que vamos, si seguimos sosteniendo desde el gobierno federal un cobro de derechos inaccesible con el cual pudiéramos generar un monopolio, al rato tendremos la infraestructura instalada que se quiera e incluso llegando al último rincón del país, pero no va a ser accesible económicamente hablando para las familias mexicanas”.

Entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han señalado que de no garantizarse un acceso digital generalizado se corre el riesgo de acentuar la desigualdad y entorpecer los esfuerzos emprendidos por los países para salir fortalecidos de la pandemia.

“Los desafíos están desde hace mucho tiempo y creo que los tenemos que enfrentar con una política pública en materia de conectividad eslabonada, no hay vuelta atrás, tenemos que empujar esto porque está directamente relacionado con el avance económico del país y con el avance de la calidad de vida de la personas”.

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México | CFE Telecom buscará habilitar 16,000 puntos de internet satelital este año

David Pantoja, director general de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, informó que para el cierre de este año la empresa del Estado buscará habilitar 16,000 puntos de internet satelital, de los cuales 8,000 ya están en operación.

Sin embargo, el directivo reconoció que el cierre de la brecha digital requerirá del trabajo conjunto de la iniciativa privada y del Estado debido a la complejidad que representa desplegar infraestructura y habilitar accesos para que las poblaciones más alejadas del país puedan tener internet.

“Ninguna compañía, y ahora lo decimos con conocimiento preciso, ninguna compañía por sí misma va lograr conectar al país. Requiere la cooperación de todas las compañías de telecomunicaciones y una parte muy activa del Estado porque es muy evidente que hay zonas que no van a ser rentables para las compañías y no se les puede condenar”, comentó Pantoja en su participación en el LATAM ICT Congress 2022.

Pantoja también dijo que, entre otros planes de CFE Telecomunicaciones para este año, está instalar 1,000 torres para telefonía celular.

La empresa filial de la CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos tiene como cometido llevar servicios de conectividad a zonas en donde aún los grandes operadores como Telcel, AT&T y Telefónica no llegan. Sin embargo, desde su constitución no ha generado un proyecto que integre a estas empresas para lograr su cometido.

Este proyecto se lleva a cabo desde septiembre del año pasado, desde que la empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad lanzó una licitación para que compañías satelitales lleven internet a zonas rurales, de acuerdo con información que Globalsat, una de las firmas adjudicadas, comentó a Expansión hace unos días.

Con la habilitación de internet satelital de Globalsat desde octubre del año pasado, se calcula que 4 millones de usuarios pueden acceder a servicios de conectividad.

El gobierno federal anteriormente ya había explicado que se apoyará de los satélites para conectar a zonas en donde es complicado el despliegue de fibra óptica.

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4 imperativos para el crecimiento de banda ancha en América Latina, según WBBA

Crear una política pública y regulación con impacto, habilitar la innovación digital en verticales industriales, mejorar la experiencia de conectividad de extremo a extremo y desarrollar redes de banda ancha a prueba del futuro son los cuatro ejes imperativos que visualiza la Asociación Mundial de Banda Ancha (WBBA, por sus siglas en inglés) para impulsar el crecimiento de la banda ancha en la región.

El Director General de la WBBA, Martin Creaner, destacó que se avecina una próxima generación de banda ancha que dará soporte a las necesidades de diversos sectores productivos y a una mayor densidad de personas conectadas.

Durante su presentación en el LATAM ICT Congress 2022, organizado por Huawei en Cancún, México, el directivo comentó que esta banda ancha de próxima generación debe diseñarse poniendo el foco en respaldar el rendimiento financiero de cualquier industria.

“Nadie contradice que la conectividad y el éxito económico están relacionados; entre más personas conectadas, mayor será su PIB. Hay un enlace muy estrecho entre la disponibilidad de la banda ancha y el éxito económico de los países”, aseguró.

Martin Creaner comentó que varios operadores de telecomunicaciones y gobiernos de la región están discutiendo acerca de cuál es la mejor forma para promover el despliegue de la banda ancha. La respuesta común es que se requieren eliminar las barreras físicas y legales para la implementación de las redes, y generar incentivos para las inversiones.

La asociación considera, además, que la industria y el sector público deben comprender cómo se comportará la demanda de banda ancha a futuro, para poder anticiparse y mejorar constantemente el alcance de esta tecnología con los mejores requerimientos de sofisticación, calidad, confiabilidad, seguridad y asequibilidad.

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Futuro Digital | “Ecosistema digital debe trabajar en conjunto en el objetivo de conectar a todos”: Millicom

Las autopistas digitales estaban cuando la pandemia cambió la realidad del mundo y las personas empezaron a usar masivamente Zoom o hacer clases virtuales, lo que se convirtió en algo habitual.

Los operadores crearon esas autopistas y ahora la usan distintos actores. Es en este contexto que lo correcto es hablar de ecosistema digital como un sitio en donde todos se respetan y trabajan para un objetivo común: “dar conectividad a todos”, dijo Karim Lesina, vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Millicom, en el marco del evento virtual Futuro Digital.

Lesina consideró que la cooperación es fundamental para cumplir los desafíos que presenta la región en materia de conectividad. “No se trata de tener un acceso súper robusto en un sitio y súper bajo en otros”; el desafío es llegar a cada lugar. “Esa debe ser la base post-Covid. No hay una tecnología mejor que la otra: todo debe ser integración en beneficio del objetivo compartido”, señaló para luego dejar en claro que esta misión igualmente deja lugar para que los actores puedan competir.

Fuera de los privados, la actuación de gobiernos también tiene un alto peso. Además de ofrecer facilidades en aspectos como la instalación de infraestructura, la regulación debe acompañar esa búsqueda de universalización. En materia de precios de espectro, por ejemplo, tienen que existir cambios: “El precio en nuestra región es tres a cinco veces mayor que en sitios desarrollados. El valor debe estar basado también en la posibilidad de ingresos, y la idea de conectar a todos tendría que estar presente” al momento de definir las bases.

Con esta realidad sobre la mesa, el ejecutivo cerró su presentación pidiendo que las autoridades sean “realistas” y entiendan que mantener los precios altos –o foco recaudatorio– es igual a que un porcentaje de la población quede desconectada. “No es correcto comparar los valores con Estados Unidos, por ejemplo, porque allí el ingreso por usuario es alto y las compras son para toda la vida”. Este aspecto, el del valor del espectro, es algo en lo que “debemos enfocarnos como industria”, desde asociaciones como GSMA o la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), concluyó.

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México | Se queda corta CFE en internet para todos

La filial de la Comisión Federal de Electricidad Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE-TIT) reconoció ante diputados federales que hasta el momento sólo ha instalado mil puntos de acceso a internet público en todo el país.

La meta gubernamental es llegar a al menos 120 mil puntos de acceso en todo el territorio nacional, lo que representa un avance de apenas 0.08%.

En respuesta a una solicitud hecha por la Cámara de Diputados a la CFE para que informe los avances de Internet para Todos, la filial precisa que los mil puntos se instalaron en 24 de las 32 entidades del país, sin ofrecer detalles de qué estados permanecen al margen de conectividad hasta el momento.

Indica que la conectividad a internet público se realizó en 482 en centros de salud, 64 en centros educativos, 372 en centros integradores, tres en inmuebles federales, 45 en módulos temporales y 34 en unidades médicas rurales.

Destaca que ante la pandemia se logró la conectividad de 18 hospitales de la Ciudad de México, entre los que destacan los instituto nacionales de Cardiología Ignacio Chávez, de Medicina Genómica y de Pediatría.

En cuanto a la planeación y ejecución de estrategias, el referido organismo informa que se llevará a cabo el despliegue de la red nacional de transporte de datos, consistente en iluminar tramos de fibra óptica oscura de la CFE para generar una red de gran capacidad que cubrirá la necesidad de conectividad a nivel nacional, estrechando la brecha tecnología entre las comunidades desconectadas y llevando comunicaciones de calidad a cada rincón del país.

La CFE-TIT, que durante este año ejercerá un presupuesto de 9 mil 551 millones de pesos, agrega que se instrumentó una estrategia en dos fases, 0 y 1, para alcanzar la meta de conectividad.

La primera consiste en la iluminación de 5 mil 963.39 kilómetros de fibra óptica oscura y en la habilitación de 40 hoteles de CFE Telecom, para cubrir las necesidades de conectividad entre los principales centros de datos de la Federación.

En tanto, que en la fase dos, la CFE-TIT detalla: “Se iluminarán mil 16.55km de fibra óptica oscura y se habilitarán 11 hoteles de CFE Telecom para conectar Sonora, Oaxaca, Morelos, México, Chiapas y Ciudad de México, abarcando 273 municipios.

“Asimismo, se tiene previsto adquirir aproximadamente 30 mil equipos por instalar el presente año en los puntos de atención prioritaria, que se encuentren en la huella de cobertura de la red compartida”.

El programa Internet para Todos, dado a conocer en 2019, pretende desarrollar una red de fibra óptica de 50 mil kilómetros para llevar conectividad a todos los rincones del país, sobre todo a las que aún no cuentan con el servicio.

Falta de coordinación

Apenas esta semana, en su reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que existe una falta de coordinación entre instituciones en materia de internet.

“Se observó que el marco jurídico que norma la definición, operación y seguimiento de la Estrategia Digital Nacional (EDN) se encuentra disperso en distintos ordenamientos jurídicos, así como en documentos operativos”. Y agregó:

“En el diseño programático se integraron dos programas con objetivos y estrategias correspondientes a los periodos 2013-2018 y 2021-2024; con relación al diseño presupuestario, debido a la falta de una estructura programática presupuestaria en materia de EDN, existe desvinculación de los objetivos nacionales y sectoriales con los recursos disponibles para el logro de esos objetivos y metas”.

La meta de cobertura inicialmente era para 2021, pero fue aplazada para 2022, y finalmente se sugirió para 2023.

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