By El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se presenta como una obra maestra de la diplomacia y la estrategia económica. Este acuerdo, que redefine las reglas del juego en América del Norte, no solo abarca vastos sectores de la economía, sino que también toca las fibras sensibles de la soberanía industrial y la cooperación regional.
El primer acto de esta trama se desarrolla en torno a la política de Estados Unidos sobre el uso de la práctica conocida como “roll-up” en la certificación del contenido regional de los vehículos. Aunque un panel del T-MEC falló en favor de mantener esta práctica, permitiendo a los fabricantes contar componentes clave que ya cumplían con el requisito de contenido regional, Estados Unidos ha mostrado reticencia a cumplir con el fallo y busca dar una interpretación diferente que implicaría un mayor contenido regional.
En el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA), hay reglas que determinan cuánto de un vehículo debe ser hecho con materiales provenientes de estos tres países para no pagar aranceles altos. Esto se llama el contenido regional del vehículo (RVC). La práctica de “roll-up” significa que si una parte específica del vehículo, como un motor o una transmisión, ya cumple con estos requisitos de materiales de la región, entonces cuando se use esa parte para construir el vehículo completo, se considera que toda la parte mantiene su estatus de cumplimiento, incluso si se mezcló con otros materiales que no vienen de Norteamérica.
Estados Unidos ahora argumenta que incluso si una parte del vehículo es considerada como cumplidora, los materiales no originarios en esa parte deben ser contados cuando se calcula si el vehículo entero cumple con el requisito de RVC. Esto hace que sea más difícil para los vehículos cumplir con las nuevas y más estrictas reglas de RVC del USMCA, porque ahora se deben considerar todos los materiales, no solo los de las partes que cumplen por sí solas. Esto genera dificultades para los fabricantes de autos porque muchas de sus decisiones de producción y abastecimiento se basaron en poder usar la práctica de “roll-up” para facilitar el cumplimiento de las normas. Sin esta práctica, podrían tener que cambiar sus procesos y fuentes de materiales, lo cual es complicado y costoso. Esta situación impone un reto significativo para los fabricantes, quienes ahora enfrentan mayores complejidades y costos en sus procesos de producción.
Paralelamente, el escenario se complica con el ingreso de nuevos actores: las automotrices chinas. Empresas como BYD miran hacia México como un trampolín ideal para saltar hacia el vasto mercado estadounidense, aprovechando los beneficios arancelarios del T-MEC. Sin embargo, la sombra de la duda sobre si estos vehículos cumplirán con las estrictas normas de origen y contenido regional del tratado ha provocado una respuesta cautelosa de Estados Unidos, que ve en estas movidas una posible erosión de la integridad del acuerdo y una amenaza a su industria automotriz.
El tercer acto revela una jugada más defensiva aún, con la reciente política implementada por Estados Unidos y México que apunta a una revisión más rigurosa del cumplimiento del certificado de origen para el acero y el aluminio. Esta medida, diseñada para asegurar que estos materiales sean “fundidos y vertidos” en Norteamérica, no solo busca proteger las cadenas de suministro locales, sino también incentivar mayores inversiones en la producción de estos insumos dentro de México. Además, anticipa un posible aumento del contenido regional requerido en el futuro, lo que elevaría la barrera contra la competencia externa y fortalecería la cooperación económica entre los miembros del tratado.
Este panorama refleja un México comprometido no solo con el cumplimiento de las normativas del T-MEC, sino también interesado en fomentar una industria robusta y sostenible dentro de sus fronteras. El incremento de los estándares de contenido regional, aunque podría representar un desafío en términos de costos, también actúa como salvaguarda contra el arbitraje regulatorio y la competencia desleal. Por lo tanto, el T-MEC no se percibe simplemente como un acuerdo comercial, sino como un baluarte que protege y promueve los intereses estratégicos de América del Norte, asegurando que el comercio y la producción dentro del bloque beneficien equitativamente a todos sus miembros y protejan sus economías en un entorno global competitivo.
Este enfoque integrado destaca la sofisticación y la necesidad de una visión a largo plazo en las políticas comerciales, donde cada jugada es crítica no solo para el presente económico, sino también para la estabilidad y prosperidad futura de la región. En este intrincado juego de ajedrez comercial, cada movimiento requiere una meditación profunda y una anticipación estratégica, con el T-MEC como tablero donde se juegan intereses nacionales en armonía con el espíritu de cooperación internacional.
CON INFORMACIÓN VÍA REVISTA FORTUNA
