By El gasto en los programas de Pensiones para el Bienestar, uno de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han mostrado un incremento de tres dígitos en su gasto en lo que va del sexenio, metiendo más presión a las finanzas públicas, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los datos mostraron que en el 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, sumaron un gasto de 151,736 millones de pesos en conjunto.
En tanto, el año pasado el gobierno desembolsó 351,634 millones de pesos en estos dos programas, lo que representó un aumento de 131.7% en comparación con el 2019.
La pensión para el Bienestar de Adultos Mayores es un programa universal para todo aquel que tenga 65 años o más, sin importar estrato social, mientras que a la de Personas con Discapacidad pueden acceder desde temprana edad las personas o grupos de población con discapacidad permanente.
El aumento significativo del gasto está relacionado al aumento que han tenido los recursos que se destinan a los beneficiarios. Por ejemplo, mientras que en el 2019 se entregaron 1,275 pesos bimestrales a los beneficiarios, para el 2023 el monto fue de 4,800 pesos.
En tanto, la pensión para El Bienestar de Personas con Discapacidad empezó, en el 2019, con un monto de 1,275 pesos bimestrales, mientras que en el 2023 el monto entregado a los beneficiarios fue de 2,800 pesos.
Problemas
En diversas ocasiones, se ha señalado que el gasto público está presionado por las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas, que es donde entran los dos programas de pensiones para el Bienestar.
Si bien es deseable que la población mayor tenga asegurados ingresos, Alejandra Macías, directora general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que se deben buscar más fuentes de financiamiento, dado el poco espacio fiscal con el que se cuenta para atender el rubro de pensiones, costo financiero, y otras necesidades de la población como salud, seguridad y educación.
Un estudio del CIEP destacó que el programa ha presentado algunos problemas durante su operación, ya que se han detectado pagos duplicados a beneficiarios, lo cual puede vulnerar su confiabilidad.
Además, México Evalúa ha señalado que, el que esta pensión sea universal contribuye a beneficiar, a la población de mayores recursos.
“Durante el sexenio pasado una buena cantidad de programas fue criticada por generar una dispersión del gasto en mecanismos de poco valor, que tenían bajas posibilidades de generar un impacto social, ya que contaban con pocos recursos para lograr el alcance y la cobertura de sus objetivos. En el gobierno actual esta situación ha dado un giro de 180 grados: la concentración del gasto se ha dado en programas de transferencias directas, sin una visión de desarrollo, pero sí de ‘cultivo’ de clientela. El problema de fondo se mantiene, pero sus causas son diferentes”, señaló.
CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA
